La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia emitió por unanimidad dos dictámenes favorables para la creación de la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la Ley de Protección de Datos Personales, con el propósito de proteger datos informáticos de la población salvadoreña.
Previo a la votación, la comisión recibió al secretario de Innovación, Daniel Méndez, para conocer su opinión técnica sobre ambas iniciativas, los motivos por los que se crea y los beneficios que se obtendrán de ser aprobadas.
El funcionario mencionó que las iniciativas están enfocadas en proteger la información de la población que se encuentra en los dispositivos electrónicos y que por alguna razón se encuentra alojada en el ciberespacio, así como los datos personales que brindan los ciudadanos en establecimientos públicos, privados y que es compartida sin su consentimiento.
La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información busca establecer el legal que permita estructurar, regular, auditar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad y seguridad de la información en poder de las instituciones públicas.
Dicha ley toma en consideración que en la actualidad la información de la población, empresas y Gobiernos se encuentra alojada en dispositivos tecnológicos y en el ciberespacio, por lo que es indispensable crear las condiciones para proteger los intereses públicos y privados en el área de ciberseguridad y seguridad de la información.
«La ley de ciberseguridad es indispensable porque previene las actividades relacionadas a la ciberdelincuencia. Con esta normativa, se creará la Agencia de Ciberseguridad que será el ente rector y tendrá un marco robusto de acción para garantizar la seguridad de los ciudadanos a nivel informático», aseguró Méndez.
La agencia también será la encargada de ejecutar la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene el propósito de proteger la información personal de la población y para ello determinará los requisitos esenciales para el uso correcto de los mismos.
La ley será aplicable en personas naturales, jurídicas y las instituciones del Estado, dependencias, instituciones autónomas y autoridades municipales.
Esta ley tiene el propósito de mejorar la confianza de los usuarios de los servicios digitales que brinda el Estado; así como de las personas o empresas extranjeras que están interesadas en invertir en el país.
«La ley no aplica para el historial crediticio, no se relaciona al tema de seguridad pública y defensa, ni tampoco los registros y datos del estado familiar. Buscamos garantizar que la información no sea utilizada para fines distintos a los cuales fue autorizada», aclaró Méndez a los parlamentarios.
Después de obtener los insumos del secretario de Innovación, los diputados realizaron algunas modificaciones de forma y luego sometieron las iniciativas a votación.
Los dictámenes podrían ingresar en la agenda de la sesión plenaria ordinaria 29 que se celebrará mañana.
