Los diputados Juan José Martel y Gustavo Escalante pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) judicialice en los tribunales el caso de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa.
Desde el 16 hasta el 21 de marzo pasado, 40 fiscales allanaron la Asamblea Legislativa para secuestrar documentación y equipo informático que investigar las denuncias de al menos 1,200 plazas fantasmas que fueron denunciadas por el sindicato de trabajadores de ese órgano del Estado.
«Yo creo que ya comenzó la preocupación entre las fracciones de partidos tradicionales, porque es la primera vez que una denuncia se toma en serio», declaró Martel en la Entrevista AM de canal 10.
Para ambos legisladores, que concluyen funciones el 30 de abril de este año, la Corte de Cuentas de la República (CCR) también debe trabajar de la mano con la FGR para esclarecer la denuncia de plazas fantasmas.
«Las plazas fantasmas solo son una parte de una estructura de corrupción y de apropiación de los bienes del Estado, en función privada dentro de la Asamblea», reiteró Martel, del partido Cambio Democrático (CD).
Para Escalante, las elecciones del 28 de febrero abrieron las puertas para que el partido Nuevas Ideas trabaje de mejor forma en la Asamblea Legislativa.
«El pueblo le dio el poder a la nueva Asamblea Legislativa y sacó a los corruptos de la Asamblea. Nuevas Ideas no va a negociar con estas personas, llegarán a trabajar realmente en beneficio del país con el presidente Nayib Bukele», dijo en la Entrevista AM de canal 10.
Ministro va a sede fiscal
El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya informó ayer en Twitter que ya entregó a la FGR la carta que firmó el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce en la que confirmó que se pagara el salario a los 2,400 empleados de ese órgano del Estado, a pesar de que públicamente ha reconocido que hay trabajadores que no siempre llegan a laborar.
El jueves pasado el ministro de Hacienda explicó que mensualmente esa cartera de Estado transfiere $3.3 millones para el pago de salarios de los empleados legislativos, pero que de ser cierto que existen al menos 1,200 plazas fantasmas se habría desfalcado al Estado con $75 millones en esta legislatura.
La abogada Tahnya Pastor cree que debe investigarse la actuación de los funcionarios de la Asamblea.
«Sobre las plazas fantasmas el problema no es simplemente de quien propone la contratación de un empleado, hay funcionarios que se supone son garantes de los fondos públicos para que se utilicen de forma correcta», valoró Pastor ayer en la entrevista de canal 21.
