A tres semanas para dejar sus cargos, los diputados de la Asamblea Legislativa quieren cobrar el 30 de abril un bono semestral que corresponde en junio para trabajadores institucionales y de los grupos parlamentarios, además de elegir magistrados suplentes de la Cortes Suprema de Justicia (CSJ).
«Esto es terrible, es inconcebible que los diputados estén pensando en adelantar un bono, no estamos discutiendo si el bono es legal o no, al final ellos manejan su presupuesto y obviamente ya lo tienen aprobado, pero establecido para una fecha posterior, deberían respetar esa fecha, pero venir y adelantarlo, eso no», señaló el abogado Nahúm Martínez.
Agregó que la decisión de los diputados, de ser aprobada, podría ser ilegal y los legisladores podrían incurrir en el delito de peculado.
«Hay que tener mucho cuidado porque hay que verificar si la decisión no es arbitraria, puede haber una arbitrariedad entendida como un delito y de igual manera esto puede llevar a una apropiación de fondos por parte de un tercero, es decir de los que lo van a recibir, pero obviamente el funcionario que tiene bajo su cuidado, bajo su manejo fondos públicos puede caer en un delito de peculado», advirtió el abogado.
Martínez apuntó que al ver estas decisiones por parte de los legisladores la población y las instituciones de justicia deben estar muy pendientes de las acciones que los diputados tomen en estas últimas tres semanas de gestión.
«Hay que revisar la justificación o la razones que den para que los diputados que van a salir en tres semanas den para aprobar, si es que al final terminan aprobando la entrega del bono a los empleados de la Asamblea, y digo hay que revisar esas justificaciones porque es importante comenzar a controlar todos los actos que van a realizar en estas tres semanas», apuntó.
El abogado, que participó de la entrevista AM de Canal 10, también se refirió a la elección de magistrados de la CSJ que los diputados pretenden realizar, cuestionó que solo elijan a tres antes de julio que legalmente tocaría elegir a los cinco magistrados.
«¿Por qué solo tres magistrados?, si los que terminan su periodo en el mes de julio son cinco, no tres, desde ahí la población ya tiene que tener mucho cuidado y estar atentos a todas las decisiones que se están tomando en la Asamblea», señaló.
Martínez también puso en duda el argumento brindado por algunos diputados, como el caso de Schafik Handal del FMLN que argumento que no los habían podido elegir antes y que les corresponde a ellos hacerlo.
«Como vienen a dar ese argumento que no se han podido elegir antes que es una deuda que tenían y que ahora si la van a cumplir, las reglas del juego ya fueron impuestas en cuanto a las elecciones de segundo grado en atención o en base a la resolución de la Sala de lo Constitucional, los diputados están irrespetando lo que la Sala estableció a través de sentencias de inconstitucionalidad que son de obligatorio cumplimiento, eso ellos ya lo saben», enfatizó.
Además, el abogado hizo un llamado al Fiscal General de la República para que esté atento a dicha decisión porque los diputados podrían incurrir en un delito de acción pública.
«Me parece que esa elección que ellos pretenden hacer no solamente va a ser inconstitucional, sino que va a ser ilegal y esperemos, que el señor Fiscal de la República actúe de oficio, obviamente es un delito de acción pública, si en todo caso se toma esa decisión de elegir de manera arbitraria e ilegal magistrados para la Corte Suprema de Justicia, que no les corresponden», detalló.
Este viernes, durante la sesión plenaria, los diputados conocerán el dictamen de la comisión política en el que los legisladores de la oposición planean elegir a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ha trascendido que los diputados podrían juramentar a Óscar Antonio Canales Sixco, Alfredo Rigoberto Méndez Peralta y David Omar Molina Cepeda, este último fungió como director ejecutivo del consejo nacional de administración de bienes durante el último gobierno del FMLN y es familiar de Mauricio Wilfredo Esteban Cepeda Panameño jefe de asesores del partido de izquierda en la Asamblea Legislativa.