El 8 de septiembre de 1988 se aprobó el decreto 74, el cual le dio vida en ese entonces a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, que se impulsó en el Gobierno del entonces presidente Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano.
Cabe decir que fue una medida muy revolucionaria para esa época, considerando que más adelante, con la finalización del conflicto armado, sería un andamiaje perfecto, el cual encajaba en los planes de ajuste estructural y, por ende, en la política de descentralización de las actividades del Estado.
Hasta allí pintaba bien la cosa, pues en su texto se especificaban los porcentajes del dinero que los municipios recibirían para generar desarrollo en sus localidades, y era de la siguiente manera: población 50 %, equidad 25 %, pobreza 20 % y extensión territorial 5 %.
Así funcionó lo que comúnmente llamamos el Fodes, sin darnos cuenta de que con el paso del tiempo se prestaría para generar los más grandes actos de corrupción desde los gobiernos municipales.
Esto descompuso la idea y la filosofía de un cuerpo de ley que llevaría desarrollo a todas las comunidades, y de esa manera contribuiría a erradicar la pobreza en todos sus niveles en nuestro país, desde pobreza relativa hasta la pobreza extrema.
Se entiende lo arriba escrito como el acceso irrestricto a servicios básicos, tales como conectividad por medio de calles urbanas y rurales en perfecto estado, apoyo a servicios de salud aun en las zonas rurales distantes y de difícil acceso, apoyo a la educación desde los gobiernos municipales contratando a docentes pagados con estos fondos, promoviendo el emprendimiento para crear nuevas formas de acceso y creación de microempresas.
La historia del Fodes se descompuso con el paso del tiempo y este sirvió para, entre otras cosas, pagar favores políticos; entre ellos, la contratación de ejércitos de miembros de los partidos políticos, quienes apoyaron a los alcaldes para ganar en sus municipios, lo cual lo convirtió en un simple factor favorecedor del clientelismo político.
De esa manera se asumían compromisos, amor con amor se paga, tú me ayudas a ganar y yo te ayudo con una plaza en la alcaldía, tú me ayudas a ganar y yo contrato tu empresa y en muchos casos para contratar a las amantes de los ilustres señores alcaldes.
Esa era la forma en que se manejó el Fodes, y de ahí que el desarrollo jamás llegó a las comunidades, pues los alcaldes se dedicaron a simplemente establecer sus rondas de negociaciones.
Cito ejemplos: cuando el mercado central de Santa Ana se quemó en 2006, el alcalde de ese entonces contrató una empresa que solo dejó hecho un galerón, el cual se volvió a quemar hace unos meses, y la responsabilidad de su reconstrucción recayó en las nuevas autoridades municipales.
También la calle que conduce al cantón Los Apoyos, del municipio de Santa Ana, desde hace 27 años, pues fue después de la firma de los Acuerdos de Paz que se ofreció pavimentar la calle. Hasta el mismo Mauricio Funes, en su cierre de campaña presidencial, se comprometió en la cancha de dicho lugar a que, si el electorado votaba por el FMLN para alcaldes, para diputados y para él como presidente, esa calle la convertiría en una carretera digna para sus pobladores.
Nada más alejado de la realidad y muy cercano al engaño a sus pobladores. Ejemplifico estos casos porque los conozco de primera mano y en detalle, los cuales dejan al descubierto cómo los gobiernos anteriores engañaron a nuestra gente.
En noviembre de 2021, cuando la historia comenzó a cambiar, la nueva Asamblea Legislativa derogó la ley que le dio vida al denominado Fodes y creó por decreto la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).
El objetivo de esta es desarrollar las obras a solicitud de los señores alcaldes de todo el país y de todos y cada uno de los institutos políticos sin que ello represente el pago de favores con base en el clientelismo político u otros arreglos, que en el pasado fueron el caldo de cultivo en el interior de los gobiernos municipales.
En 30 años los concejos municipales llegaron a «componerse» y mejorar sus condiciones de vida personal, solo hay que ver en nuestro entorno a exalcaldes que antes de desempeñar ese cargo solo eran burócratas, pequeños comerciantes o agricultores y ganaderos en pequeño y ahora son poseedores de grandes residencias, haciendas, empresarios de transporte y de varios rubros.
Aclaro, no estoy en contra de que la gente progrese, pero que lo haga con honestidad y con transparencia, no a costillas del dinero del pueblo. La tarea que les queda a las nuevas autoridades es investigar y seguir poniendo orden en un país con un desorden bien organizado.
La Dirección Nacional de Obras Municipales inicia con un capital de $274 millones. Algunos analistas políticos de oposición al Gobierno del presidente Bukele buscan adversar la funcionabilidad de la DOM al intentar manchar la imagen de una institución que a todas luces está llevando las obras municipales a todo el país, y eso está a la vista de todos.
La época de oro de la corrupción municipal llegó a su fin, y con ello las viejas mañas, las cuales despojaron a nuestros compatriotas de los beneficios que les otorgaría el retorno de sus impuestos en obras de desarrollo municipal.
Dirección Nacional de Obras Municipales, enhorabuena… Cierre del capítulo negro de 30 años de corrupción municipal en El Salvador.