El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, fue exonerado de forma definitiva por incumplimiento de deberes ya que el delito atribuido por la Fiscalía General de la República es atípico debido que nació de un proceso irregular y viciado en la Asamblea Legislativa, así resolvió el juez Quinto de Paz, Salomón Landaverde.
El juez ordenó poner fin al proceso penal ya que no se le presentaron razones jurídicas para seguir con la causa en la fase de instrucción, dijo que al estar en un proceso judicial y no político se tienen en cuenta evidencias y como juzgado del Órgano Judicial siempre se ejerce un control sobre las diligencias iniciales que la Fiscalía recolecta.
En este caso según la fundamentación del juez en la Comisión Especial que citó al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, siguió un proceso irregular. «En las citas y en las actas, sobre en el acta número cinco no se justificó las razones que decían o advertían que si no comparecía se le iba a llevar por apremio por la Policía Nacional Civil», dijo Landaverde.
El juez insistió que la Asamblea Legislativa tuvo que dar las razones jurídicas. «Esas actas tienen problemas de validez porque no se justificó y tampoco tiene la advertencia de la orden de apremio», expresó Landaverde.
Los abogados defensores le entregaron al juez prueba documental consistente en oficios que el director de la PNC envió a jefes policiales para que ubicaran al ministro de Hacienda para llevarlo por apremio a la Asamblea Legislativa, pero no lo pudieron localizar.
Luego de ser sobreseído, el comisionado Arriaza Chicas, manifestó que él esperaba un juicio justo. «Yo le pedí a Dios un juicio justo, un juez natural, un juez transparente, un juez objetivo. Yo le pedí al señor juez que hiciera una valoración jurídica, objetiva y transparente y gracias a Dios esta victoria, victoria jurídica para el pueblo salvadoreño. Algunos no lo van a entender, y por qué digo no lo van a entender, porque algunos piensan que estamos en el siglo pasado todavía, donde existía el imperio del hombre», sostuvo el jefe policial.
Mientras que Rodolfo Delgado, uno de los defensores, manifestó que el juez ha dejado por establecido el procedimiento irregular de la comisión especial de la Asamblea Legislativa, tal y como ellos lo plantearon en la audiencia.
«Creo que el juez les envió un mensaje muy importante a todos los abogados que han olvidado y que juraron cumplir con la Constitución y con las leyes de la República y que se escudan en las diputaciones para estar ejerciendo este tipo de actos, lo único que provocan son acusaciones difamantes o acusaciones injustificadas en contra de un buen funcionario público como lo es el director de la Policía Nacional Civil», expresó Delgado.
Este proceso penal que tuvo su origen irregular según el juez, en la Asamblea Legislativa, fue judicializado el pasado 15 de diciembre, cuando la Fiscalía presentó la acusación formal pidiendo medidas alternas a la detención para el director de la PNC, por el delito de incumplimiento de deberes sancionado con prisión de cuatro a seis años.
La conducta que el Ministerio Público reprochó al comisionado Arriaza Chicas es haberse negado a cumplir una orden para llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la comisión especial de la Asamblea Legislativa para indagar la colocación de créditos nacionales e internacionales y el manejo de fondos durante la emergencia por la pandemia por el COVID-19.
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Zelaya justificó mediante escritos enviados a la Comisión que no podía comparecer por diversos compromisos que debía atender y los diputados dijeron que por apremio la PNC debía llevarlo, que el director Arriaza Chicas, debía cumplir con la disposición, pero en la resolución el juez ha dejado claro que en las actas nunca se justificó las razanos por las cuales se le iba a restringir a Alejandro Zelaya el derecho de libertad y por ende esas actas carecen de legalidad.
