Panaderías, negocios de repuestos para autos, talleres, cervecerías, supuestos centros de rehabilitación y otros son algunos de los negocios fachada que las pandillas utilizaron por años para mantener su financiamiento a través de la venta y distribución de drogas, extorsión e incluso lavado de dinero. Sin embargo, todas estas fuentes de ingresos ilícitos han sido desmanteladas a las estructuras por la actual gestión.
Uno de los negocios que recientemente fue desmantelado es una venta de lubricantes y repuestos para vehículos ubicado en el municipio de Ciudad Delgado. El pasado 2 de junio, el ministerio público ubicó en dicho lugar cuatro sacos grandes conteniendo marihuana.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que en este lugar «se recibía y se distribuía la droga». El titular del ministerio público, Rodolfo Delgado, señaló que con este procedimiento queda claro que no se detendrán en la lucha por limpiar a El Salvador de los criminales.
El Salvador ha pasado en los últimos años a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica y este logro ha sido atribuido a los resultados del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas que además de permitir la captura de miles de pandilleros, han logrado golpear sus fuentes de financiamiento, entre estas, los negocios fachada. Además, a las pandillas se les ha decomisado drogas, armas y dinero en efectivo. Durante el régimen de excepción les han incautado más de $3 millones en efectivo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro ha dicho que estas estructuras por años se involucraron en diversos sectores de la economía.
El presidente de la República, Nayib Bukele dijo hace unos días que «los cabecillas tenían moteles, bares, panaderías, talleres de carros y hasta sus propias funerarias para hacer de la muerte un negocio redondo. Y aunque la gente buena en las comunidades no fuera parte de ellas, la actividad de las pandillas afectaba en todos los aspectos de su vida, quisieran o no».
El gabinete de Seguridad ha reiterado que una de las misiones que tienen es «cerrar las válvulas de financiamiento de las pandillas» con el objetivo de seguir desarticulando a las maras que por muchos años hicieron daño a la población salvadoreña.
A través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción se ha logrado frenar la venta de droga, así como evitar el cobro de extorsión de las estructuras delictivas que por años ha sido la principal fuente de financiamiento para los terroristas, dinero con el cual las pandillas lavaban dinero comprando diversos negocios.
En noviembre pasado, también las autoridades capturaron a tres pandilleros que utilizaban un supuesto centro de rehabilitación para planificar sus delitos. Los arrestados fueron identificados como Rafael Arnulfo Escobar, Mario Donato Grande y Daniel Santamaría Ventura. Mientras que en octubre del año pasado también las fuerzas de seguridad identificaron una vivienda que funcionaba como panadería que pertenecía a la pandilla MS 13 y le incautaron tres vehículos. El decomiso de estos bienes se ejecutó en los municipios de Apopa, Santa Tecla e Ilopango.
En abril del año pasado, la Fiscalía allanó un negocio ubicado en el lago de Güija, en Metapán, el cual, según las investigaciones, era propiedad de un palabrero de la MS. En el establecimiento, fiscales encontraron drogas, armas y productos de contrabando como cigarrillos de procedencia ilegal. Mientras que en el 2021, la Policía encontró un maletín con $49,000 en una funeraria fachada de la pandilla en el Distrito Italia, en el municipio de Tonacatepeque.
«El trabajo articulado entre instituciones, en la lucha contra la delincuencia, es lo que marca la diferencia. Nuestro trabajo también está orientado a cerrar todas las válvulas de financiamiento de las pandillas», ha dicho el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
