La oligarquía es la clase social dominante desde el punto de vista económico, político y social del país desde hace 140 años. Está formada por familias de mayor riqueza acumulada, que se pusieron de acuerdo para gobernar el país por encima del Estado (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial); ella es la que ha venido decidiendo en última instancia lo que se debe producir y qué se debe comprar en el extranjero; los salarios que se deben pagar a los trabajadores salvadoreños; los impuestos que realmente pagan al Estado; hasta hace dos años también establecía la cantidad y calidad de los servicios públicos que el Estado debía proporcionar a la población que no tiene la capacidad de comprarlos. Todo esto lo hace directamente y en secreto, pero también indirectamente utilizando sus organizaciones no gubernamentales (ONG) como Fusades, sus gremiales empresariales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa); los partidos políticos tradicionales han sido los ejecutores de las decisiones de la oligarquía en el Estado; los portavoces de la oligarquía han sido los medios de comunicación tradicionales, especialmente «El Diario de Hoy», «La Prensa Gráfica» y los principales canales de televisión y radioemisoras.
Ese poder económico, social y político de la clase social oligárquica ha hecho posible que su riqueza continúe aumentando, pero también es responsable del estancamiento de la producción durante los últimos 25 años. El país es el que menos ha crecido económicamente en Centroamérica; en el que no hay suficiente empleo en relación con la incorporación de grandes cantidades de jóvenes al mercado laboral; que los salarios pagados por las empresas no alcanzan para tener un nivel de vida digno; que los servicios públicos han crecido menos que las necesidades de la población, porque la clase social dominante se ha opuesto al aumento de los impuestos sobre la renta, a establecer un impuesto a la gran propiedad de inmuebles, así como al incremento de los impuestos a la importación de bienes y servicios de lujo; a que el Estado venga funcionando con un gran déficit fiscal y al financiamiento con endeudamiento público.
La oligarquía, sus instituciones y su influencia sobre el Estado le ha facilitado participar en el narcotráfico y el lavado de dinero; la situación económica precaria en que vive la mayoría de la población creó condiciones para la desintegración social, el aumento de la criminalidad, la disminución de la solidaridad social y la migración hacia otros países.
En la actualidad, la oligarquía salvadoreña está tratando de evitar que la mayoría de la población recobre el poder del Estado; los partidos políticos tradicionales (ARENA y el FMLN), las organizaciones no gubernamentales afines a la clase dominante y los principales medios de comunicación argumentan que eso atenta contra la democracia y que es la expresión de la intención de establecer una dictadura; cuando se trata de un acto democrático para devolverle el Estado al pueblo, después de tenerlo secuestrado la oligarquía cafetalera por aproximadamente 110 años y luego la oligarquía comercial-financiera en los últimos 30 años.
El resultado de esta lucha contra la oligarquía, que el pueblo salvadoreño está realizando pacíficamente, es fundamental para enrumbar al país hacia el desarrollo político, económico y social al servicio de la mayoría de la población.
