La Asamblea Legislativa de anteriores períodos mantuvo inactiva por varios años una iniciativa destinada a financiar programas de prevención y rehabilitación de jóvenes en situación de riesgo y en conflicto con la ley residentes en municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) o que están privados de libertad en diferentes centros de internamiento del país.
Pero el nuevo Legislativo desempolvó y aprobó, con los votos de la bancada de Nuevas Ideas, en su sesión plenaria del 18 de enero pasado, el financiamiento por 5.5 millones de euros ($6.2 millones) para dicho programa, que fueron otorgados por la Casa Depositi e Prestiti S. p. A.
El presidente de la comisión de hacienda, Christian Guevara, cuestionó que las legislaturas pasadas no tramitaran la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda para aprovechar los recursos en favor de la juventud salvadoreña.
«Es lamentable que hayan pasado cinco años desde que este crédito llegó a la Asamblea. A las legislaturas pasadas nunca les preocupó aprobarlo. Únicamente había políticos que bloqueaban los programas de beneficio para los salvadoreños, y en este caso para el sector juventud», señaló Guevara, también jefe de bancada de Nuevas Ideas.
«No obstante, las legislaturas pasadas de esta Asamblea Legislativa, luego de más de cuatro años de haber sido presentada la solicitud de aprobación, a pesar de ser evidentes todos los beneficios del acuerdo financiero, optaron por no aprobarlo», consigna el dictamen favorable emitido por la nueva comisión de hacienda del congreso.
Los recursos estuvieron retenidos en las legislaturas 2015-2018 y 2018- 2021, luego de que el congreso autorizó al Ejecutivo suscribir el referido acuerdo financiero el 21 de septiembre de 2016, algo que solo requirió de 43 votos como mínimo en aquella oportunidad. El referido contrato de préstamo se suscribió a un plazo de 26 años, que incluye 16 años de período de gracia, así como una tasa de cero pago por intereses.
Posteriormente, el Ejecutivo sometió, en marzo de 2017, el suscrito acuerdo financiero al parlamento para su aprobación; sin embargo, este nunca fue retomado por los legisladores, que requerían de 56 voluntades como mínimo para darle su aval.
«Este Gobierno, debido a gestiones realizadas, ha podido retomar el mismo y es viable actualmente su aprobación para que se pueda implementar el referido proyecto», se destaca en el dictamen.
En el marco de la discusión del financiamiento, la comisión recibió al director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Moisés Cabrera, quien amplió detalles sobre el referido financiamiento.
«El fin de este acuerdo es apoyar la prevención y rehabilitación de la juventud. Este acuerdo fue sometido a esta Asamblea en marzo de 2017, y no fue aprobado. Ha sido retomado por las autoridades actuales para su implementación», expresó Cabrera.
Los programas de prevención y rehabilitación que se pondrán en marcha tienen tres componentes: actividades de sensibilización hacia los jóvenes, prevención secundaria (que incluye material didáctico y capacitación de jóvenes) y prevención terciaria (dirigida a jóvenes que están en reclusión).
Cabrera expuso que el proyecto será ejecutado por la cartera de Justicia y Seguridad Pública y beneficiará a cerca de 1,400 jóvenes que habitan en el Área Metropolitana de San Salvador o que están recluidos.
Los diputados de Nuevas Ideas censuraron la indiferencia que las dos anteriores legislaturas tuvieron hacia los jóvenes al no dar sus votos para la aprobación de los recursos financieros.
«Las legislaturas anteriores engavetaron este dictamen. ¿Para quién trabajaban? Es ilógico que no tomaran este financiamiento con condiciones financieras óptimas», criticó Samuel Rivas, diputado de la bancada cian.
Jorge Castro, diputado de Nuevas Ideas, consideró: «La Asamblea anterior pudo ayudar a la reinserción laboral de los jóvenes, pero no lo hizo. En la nueva Asamblea Legislativa tenemos una manera de hacer política».
Los 1,400 jóvenes en riesgo o en conflicto con la ley, cuyas edades van de los 14 a los 24 años, serán beneficiados con formación profesional, apoyo educativo y psicológico, preparación para coros y orquestas y educación sobre protección civil.
