El 14 de noviembre de 2022, el presidente Bukele informó que tres ecuatorianos transportaban 3.1 toneladas de cocaína a 470 millas náuticas del territorio salvadoreño. Lo interesante de la publicación es que cada paquete estaba marcado con una señal particular; por ejemplo, unos tenían el dibujo de una corona. Entonces, realizando un análisis criminológico, se sabe que en Ecuador domina una estructura pandilleril llamada Latin Kings, solo que a diferencia de El Salvador, donde las pandillas son terroristas, en Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa, icónico aliado del FMLN, legalizó a los Latin Kings como una organización urbana, por lo que incluso un integrante de esta estructura fue diputado de la Asamblea Legislativa ecuatoriana.
Los Latin Kings se identifican con coronas y colores amarillo-negro. Se originaron en Chicago (EE. UU.), y para los años 1950, el grupo se convirtió en pandilla criminal, haciendo actividades ilegales, principalmente el narcotráfico. En la actualidad delinquen en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, la República Dominicana, EE. UU., España, Italia, etcétera, siendo el tráfico de drogas, el robo y el asesinato sus principales delitos con los que sostiene su economía criminal.
Al igual que las pandillas en El Salvador, los Latin Kings, para entrar, deben recibir una golpiza o realizar una acción delincuencial. En general, poseen la misma estructura jerárquica que las pandillas conocidas por los salvadoreños, con diferencia en los nombres; por ejemplo, a las clicas las llaman capítulos; a la renta la llaman vacuna; el palabrero de mayor rango es conocido como inca, etcétera.
En el caso ecuatoriano, los Latin Kings llegaron a una «tregua» con la pandilla rival, los Ñetas —lo mismo que quisieron hacer durante el gobierno del FMLN en 2012—. Pero al igual que en El Salvador, estos son grupos delincuenciales organizados (GDO), por tanto, hay un paralelismo entre ellos y la lucha entre la MS y el Barrio 18. Estos GDO ocasionan violencia, delincuencia y control de los penales ecuatorianos. Sumado a eso, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene una gran influencia dentro de esos grupos criminales de Ecuador.
Los Latin Kings en Ecuador pasaron de pandillas criminales a ser actores políticos porque el Gobierno concibió a la pandilla como un actor social, por lo que, gracias a seudointelectuales que escribían con teorías antropológicas y metodologías etnográficas, afirmaba que eran pandillas juveniles, resultados de la marginación social, y que eran un grupo criminal por la falta de apoyo gubernamental, pero que con las oportunidades adecuadas se podían convertir en un movimiento social o una organización de la calle, reformándose y superando las políticas represivas del Estado, y convertirse en garantes de la justicia social y demás mentiras, falacias y apologías, que solo sirven para enquistarse en el poder político y tener territorialidad, a fin de generar una economía del terror a través de la criminalidad.
En Ecuador, los Latin Kings pasaron de pandillas a «grupos urbanos», incluso hay un diputado que abiertamente es Latin King, gracias a que Rafael Correa, en 2007, lo legalizó e incluso aseguró que le recordaban a los Boy Scouts, y que tenían valores y virtudes. Ese año el presidente Rafael Correa recibió a integrantes de Latin Kings en el palacio de gobierno, los felicitó por su deseo de apostar por la paz, y la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión Económica y Social los legalizó con el nombre de Reyes y Reinas Latinas del Ecuador.
Correa, de mentalidad de izquierda, aliado del FMLN, favoreció la legalización de los Latin Kings, y aseguró que eran una maravilla y que sus códigos tenían nobleza y honor; por lo que Correa los convirtió en organizaciones urbanas juveniles, declaradas como grupos de atención prioritaria, en ese orden de ideas. Ecuador, a través de diferentes ministerios, lanzó el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual financiaba programas a estos grupos.
Gracias a Rafael Correa, desde 2007, estos pandilleros son reconocidos oficialmente como Agrupaciones Juveniles Urbanas, con personería jurídica. De esa manera, los Latin Kings, al ser una corporación, pudieron recibir crédito y capacitación para fundar empresas, lo que querían hacer en El Salvador con los municipios santuarios y la tregua.
Desde este punto, no deja de ser similar lo que estaba pasando en El Salvador entre 2012-2019 y lo que sucede en Ecuador, ya que existen periodistas que se lucran haciendo investigaciones antropológicas sobre integrantes de los Latin Kings, que defienden el negocio de «estudios etnográficos», monetizando y lucrándose de las pandillas y su economía criminal, por medio de proyectos seudoacadémico-científicos, financiados por ONG que a la vez se benefician.
Se podría asegurar que ese es el camino que querían y que aún los opositores que están en contra del estado de excepción y el Plan Control Territorial quieren para El Salvador, ya que incluso opositores salvadoreños sugieren liberar y darles dinero como compensación a los capturados bajo el régimen de excepción, incluso miembros de ONG dicen que las familias de los pandilleros subsisten y necesitan de las extorsiones para vivir, validando y legitimando los delitos de estas organizaciones criminales.
La realidad actual ecuatoriana es que el 14 de mayo de 2022 fue asesinado por sicarios Manuel Zúñiga, inca de los Latin Kings, que es además una organización de pandilla formal, centralizada, autoritaria y violenta, una banda de crimen organizado, cuyas actividades ilegales se resumen en asaltos, homicidios, robo de identidad, narcotráfico y lavado de dinero, además del control descarado que tienen en los centros penitenciarios.
Toda esta realidad ecuatoriana choca con los intereses salvadoreños, pues hay incidencia del crimen organizado ecuatoriano en la seguridad nacional de El Salvador. Esto porque la incapacidad del Gobierno ecuatoriano de combatir al crimen organizado transnacional y las redes de pandillas y narcotráfico afecta directamente a la República de El Salvador, en la medida en que sus ciudadanos delinquen utilizando el espacio marítimo salvadoreño para transportar su droga. Por lo que, a la República de El Salvador, a través de su Fuerza Naval, le toca combatir el tráfico ilegal de drogas que va de Sudamérica a Norteamérica, atravesando el mar territorial salvadoreño, generando costos de recursos económicos, humanos, materiales y militares.
