Una pregunta legítima de los jóvenes cuando se los motiva a continuar su educación de nivel superior. Existe un acuerdo social indistinto al estrato socioeconómico que establece como logro y reconocimiento culminar una carrera universitaria, la cual debería, según ese acuerdo, provocar una mejora en la calidad de vida a través de acceso más calificado al mundo productivo, ya sea desde el ámbito laboral o empresarial; lastimosamente, este acuerdo no es ni automático ni mucho menos seguro.
Desde el lanzamiento de la política nacional de educación superior, en marzo de 2021, se establece una línea estratégica de tiempos, acciones, recursos y actores que nos permite no solo hacer prospectiva la educación superior que el país requiere para los próximos años, sino que también ha abierto la posibilidad de crear comunidad.
El sentido de identidad y pertenencia ha sido fundamental en los procesos de construcción de modelos sociales exitosos; por lo tanto, conscientes que el país transita hacia un mayor progreso económico justo y sustentable, simultáneamente con un mejor y sostenido desarrollo humano, se vuelve necesario y oportuno propiciar condiciones desde la gestión pública para que esta generación asuma el reto individual de formarse con la convicción de mejoras colectivas donde la educación se convierta en una característica loable de la sociedad; cultura del aprendizaje y la disrupción un eje transversal; cultura de innovación.
Desde la Dirección Nacional de Educación Superior, en los últimos tres años se han impulsado distintos esfuerzos con el apoyo decidido y contundente de las autoridades del Ministerio de Educación, la participación protagónica de los actores estratégicos del Sistema de educación superior, es decir, autoridades académicas, docentes, personal administrativo y estudiantes, con el objetivo de fortalecer el enfoque de calidad y pertinencia, aumentar la cobertura de la oferta académica pública y privada, transitar a innovadoras modalidades de entrega, incorporar mayor tecnología, establecer una mejor internacionalización, impulsar la investigación académica y científica, articular la formación profesional con los sectores productivos, canalizar la proyección social para un mejor alcance e impacto en la comunidad, incentivar la calidad institucional a través de la acreditación y formular una propuesta de Ley de Educación Superior que garantiza seguridad jurídica, flexibilidad y fortalecimiento integral de la educación.
La política nacional de educación superior representa un reto histórico como país; estamos a las puertas de dar un importante paso hacia el futuro, dejando atrás el esquema de aprendizajes por objetivos con la métrica de unidades valorativas hacia un modelo de educación integral por competencias, con valoraciones objetivas de créditos académicos, donde los aprendizajes, además de significativos, serán herramientas útiles en la vida, desarrollando una serie de habilidades y capacidades individuales que, sumadas en el marco académico, científico y empresarial del país, nos darán mayor competitividad y mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Es, entonces, un momento único para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de la ciudadanía, de manera que esta constituya un soporte para enfrentar los desafíos que impone la realidad, es decir, un compromiso colectivo que garantice el bienestar a mediano y largo plazo de todos.
¿Educación superior para qué? Educación superior para crecer juntos a través del conocimiento, el compromiso y la innovación.