La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos llevará a cabo este lunes 12 de septiembre una audiencia para tratar el tema del estado de excepción en El Salvador, que ha dejado la captura de más de 50 mil pandilleros hasta la fecha.
Para esta audiencia, el congreso norteamericano anunció la participación de dos ponentes opositores a la administración actual. Un señalado de recibir sobresueldos durante el gobierno del prófugo Mauricio Funes y una comisionada nombrada por el también prófugo Sánchez Cerén.
Uno de los invitados es Héctor Silva Ávalos, conocido por recibir sobresueldos cuando tenía el cargo de jefe de misión adjunto en la Embajada de El Salvador en Estados Unidos (2009-2012) y asesoraba comunicacionalmente al entonces presidente Mauricio Funes.
Según una publicación de la revista Factum, que Silva fundó pero que luego lo delató, «el exdiplomático y periodista recibió pagos ocultos, que en algún momento hasta llegaron a duplicar el salario nominal del presidente de la República».
El exfiscal general, Raúl Melara confirmó en su oportunidad que en efecto Silva Ávalos recibió cheques como sobresueldos durante su época de funcionario en la embajada de Estados Unidos. «Si, el señor Héctor Silva es una de las personas que sale mencionada como receptor de dinero de la partida secreta», dijo Melara. Silva Ávalos recibió cheques extras por $6,000.
La otra invitada es Leonor Arteaga Rubio, directora de Due Process of Law Foundation, cuyas oficinas funcionan en El Salvador sin permiso alguno, y quien, además de haber sido nombrada por el expresidente de FMLN, Salvador Sánchez Cerén, también es sobrina de Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Curiosamente, en el gobierno de Sánchez Cerén y cuando Arteaga Rubio ya era comisionada fue cuando más personas fueron desaparecidas en El Salvador, solo en 2018, la Fiscalía General de la República reportó que 3,500 casos de desapariciones, y miles fueron desplazados de sus residencias por las pandillas.
El Estado de Excepción es avalado por el 95% de los salvadoreños, de acuerdo con recientes encuestas de la CID Gallup, y bajo esta medida de seguridad se ha podido llevar a la cárcel a más de 50,000 pandilleros que son los responsables del 80 % de los homicidios en el país. Desde que se instauró el Estado de Excepción en marzo pasado a la fecha, ha habido 103 días sin homicidios en todo el país.