El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que las nuevas restricciones se aplican a personas que socavaron la democracia tras la «ilegítima» reelección de Ortega en noviembre de 2021, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior.
Además, instó a Managua a la liberación«inmediata e incondicional» de todos los opositores «injustamente detenidos» y al restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
«El régimen tiene a más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren por falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar», dijo Blinken en un comunicado.
Ortega fue uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza (1936-1979), y luchó contra los rebeldes de la Contra respaldados por Estados Unidos en una guerra sangrienta en la década de 1980, pero hoy es señalado de instaurar una dictadura.
Tras gobernar el país hasta 1990, Ortega regresó al poder en 2007 y en noviembre pasado ganó un cuarto mandato consecutivo con la mayoría de sus detractores y rivales presos o exiliados.
Estados Unidos ya impuso sanciones a decenas de funcionarios nicaragüenses, incluidos Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es su esposa.
Blinken dijo que los miembros de Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior sancionados el lunes permitieron que el gobierno de Ortega reforzara su control sobre ciudadanos e instituciones con leyes que ilegalizaron a más de 400 oenegés y una docena de universidades.
Además, destacó que los sistemas judiciales y de seguridad «corruptos» de Nicaragua detuvieron y enjuiciaron a líderes cívicos y defensores de los derechos humanos «por decir la verdad» y realizar actividades propias de un sistema político democrático.
Durante la Cumbre en Los Ángeles, Blinken también cuestionó la decisión de Ortega de solicitar a la Asamblea Nacional la ratificación de un decreto que autoriza el ingreso de tropas extranjeras, entre ellas de Rusia, para realizar ejercicios conjuntos de asistencia humanitaria y combate al narcotráfico.
«Los países toman sus decisiones soberanas. Sin embargo, la idea de que Rusia sea un buen socio cuando se trata de cuestiones de aplicación de la ley o cuando se trata de asistencia humanitaria, digamos que no pasa la prueba de credibilidad», dijo Blinken a periodistas el viernes.
