El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la restricción de visa a 19 funcionarios electorales nicaragüenses y miembros de partidos políticos señalados de colaborar con el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien busca nuevamente su reelección el 7 de noviembre próximo tras encarcelar a una treintena de opositores.
Según el comunicado del centro de la diplomacia estadounidense, durante los últimos tres meses, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han intimidado a cualquiera que se oponga a sus esfuerzos por afianzar su poder en Nicaragua.
Indicó que «esta campaña antidemocrática» incluyó la anulación el 6 de agosto por parte del Consejo Supremo Electoral al último partido genuino de oposición que quedaba, tras una solicitud realizada por el Partido Liberal Constitucionalista, dirigido por María Haydee Osuna, una legisladora allegada al presidente del Parlamento Nacional, Gustavo Porras.
Con la medida del Departamento de Estado aumentan a 169 el número de personas a quienes se les impusieron restricciones por «socavar la democracia y violar los derechos humanos».
Las primeras medidas de este tipo fueron anunciadas el 12 de julio en contra de jueces y fiscales; posteriormente se extendieron el 5 de agosto en contra de sus familiares y allegados.
«Con la acción de hoy, subrayamos nuestro compromiso de promover la rendición de cuentas de todos los cómplices del asalto del gobierno de Ortega-Murillo a la democracia. No son bienvenidos en Estados Unidos», dijo el Departamento de Estado.
Pocos partidos quedaron en la contienda
Tras la cancelación del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, quedaron únicamente seis organizaciones políticas que participarán en los comicios generales previstos para el domingo 7 de noviembre.
Todos los partidos que se encuentran en la contienda son señalados de supuestamente ser afines al oficialismo.
Al respecto el candidato presidencial del PLC, Walter Espinoza dijo a la VOA que su organización «no se considera cómplice de nadie».