Los juzgados de paz de San Salvador han conocido entre enero y noviembre de 2020, 18 expedientes de extradición de salvadoreños reclamados por una serie de delitos cometidos en su mayoría en Estados Unidos, país que encabeza las solicitudes de entrega de presuntos delincuentes.
De todas las solicitudes, 15 fueron requeridas a El Salvador por parte de tribunales estadounidenses, con base en el Tratado de Extradición, firmado por El Salvador y Estados Unidos; así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Solo en este año ingresaron nueve casos que fueron enviados por la Corte Suprema de Justicia para que jueces de paz los comenzaran a diligenciar y luego presenten un anteproyecto a Corte Plena para que se someta a votación sobre la procedencia o no de la entrega del imputado para que sea juzgado en otro país.
Los mismos tribunales han tramitado nueve procesos de salvadoreños que si bien los casos ingresaron a esas sedes en el 2019, fue hasta en este año que se avaló su extradición, algunos ya fueron enviados, mientras que otros están esperando la fecha de extradición.
Otros tres fueron requeridos por Nicaragua, Costa Rica y Panamá, invocando la Convención de Extradición Centroamericana, suscrita en Washington en 1923 y de la cual forma parte El Salvador.
De los 18 casos conocidos en los tribunales, 14 son miembros de pandillas que tenían difusiones rojas para enfrentar juicios por homicidio y delitos de crimen organizado, la mayoría perpetrados en EE. UU.
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A los salvadoreños, diversos tribunales les iniciaron procesos penales por delitos de homicidio, narcotráfico, violación, amenazas terroristas, estafa y crimen organizado. Tras cometer los hechos viajaron al país para eludir la justicia, pero cuando los casos fueron investigados los jueces tramitaron a través de la Policía Internacional (Interpol) difusiones rojas con el fin de localizarlos y detenerlos para que a través de la vía diplomática solicitar de forma oficial una solicitud de extradición.
PROCESO
Cuando la Interpol localiza y captura a un salvadoreño reclamado por un país es puesto a la orden de un juez para que informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la detención realizada.
Cuando el caso es conocido por los magistrados, en Corte Plena designan a uno de los 15 jueces de paz de San Salvador para que diligencia el caso y lo primero que se hace es pedir al país requirente -solicitante- por la vía diplomática que envíe la información del caso y corre un determinado plazo para que de forma oficial se haga la petición de extradición la cual tiene que estar respalda por una orden de captura judicial que un tribunal haya emitido.
El magistrado Óscar López Jeréz, al ser consultado sobre las decisiones que se toman en Corte Plena para entregar a un salvadoreño y que sea enjuiciado en otro país, dijo que lo primero que se evalúa es que se reúnan los requisitos que la Constitución establece. «Debemos revisar si reúne los requisitos, si los reúne y si hay reciprocidad tanto en las constituciones como en las secundarias, se le da trámite y se le manda a un juzgado designado para que lo diligencie».
Una vez la Corte designa al juez que seguirá conociendo el proceso de extradición, este tendrá que pronunciarse sobre la detención que se ha ejecutado en el país por parte de la Interpol y el país que lo reclama dispone de 60 días para hacer llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición.
Luego la Cancillería deberá notificar al Ministerio de Seguridad y Justicia para que remita a la CSJ la documentación, estando la solicitud en sede judicial el juez designado se vuelve intermediario entre el acusado y el país que requiere. Al final será la Corte Suprema de Justicia la que deberá resolver si es viable o no extraditar a un salvadoreño que es pedido en extradición.
La CSJ ya ha conocido casos de salvadoreños reclamados por Estados Unidos por los delitos de robo, uso y portación de arma de fuego, pero Corte Plena solamente ha autorizado que se entregados por homicidio, ya que los demás ilícitos en el caso de El Salvador, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, no se considera como una base jurídica para la extradición, y además no están en el catálogo de delitos contemplados en el artículo 2 del tratado extradición suscrito con Estados Unidos.
«Para una extradición se toma en cuenta la reciprocidad en cuanto a las penas y que se reúnan los requisitos constitucionales y de leyes secundarias, de ser así se designa un juez para que la diligencie».
Óscar López Jerez, Magistrado de CSJ
Algunos casos
Extraditado por traficar droga
El 5 de noviembre de 2020, el pandillero de la MS-13, Eduardo Vladimir Portillo González, fue extraditado hacia Estados Unidos, por los delitos de crimen organizado, conspiración de crimen organizado, conspiración para asesinar y por asesinato con ayuda del crimen organizado, conspiración para distribuir y poseer con intento de distribuir cocaína y marihuana.
El expediente lo tramitó el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, desde el 23 de febrero de 2019, cuando la Policía Internacional (Interpol) emitió la difusión roja a solicitud del Tribunal del Distrito Este de Nueva York.
Portillo González, supuestamente participó en el homicidio de un joven de 16 años, el 10 de octubre de 2016, por considerar que era de una pandilla rival, los demás hechos los habría seguido cometiendo hasta marzo de 2017, en el Distrito Este de Nueva York.
Acusado de delitos sexuales
La Corte Suprema de Justicia también ha avalado otros casos de extradición como el de Cristóbal Alfaro Ayala, quien era requerido por el Tribunal de Distrito Magisterial del Condado de Northampton, Pensilvania, Estado Unidos, donde se le atribuye 11 delitos relacionados a la libertad sexual, entre ellos hay violación y abuso sexual en menor, y un delito por amenazas terroristas.
Previo a la extradición personal del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos, Dirección General de Migración y Extranjería, del Ministerio de la Defensa, de la Interpol de El Salvador, para coordinar el traslado del salvadoreño y que fuera a enfrentar el proceso penal a ese país, por los ilícitos que le atribuyen.