Durante los dos años que el Gobierno de Estados Unidos ha implementado el programa Permanece en México, se envió a más de 70,000 migrantes —al menos 500 niños menores de un año— que buscaban asilo a condiciones de peligro en campamentos precarios del lado mexicano de la frontera. En estos se cometieron más de 1,544 casos de violencia, así como asesinatos, violaciones, torturas y secuestros, según la organización Human Rights First.
El 29 de octubre, luego de meses de presión de parte de activistas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) emitió un memorando con el que intenta terminar de nuevo el programa, llamado formalmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP). No obstante, en el mismo documento, el Gobierno de Joe Biden acepta que tendrá que continuar implementándolo hasta que se resuelva una demanda emprendida por los fiscales generales de Texas y Misuri, con la que Permanece en México debe continuar.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) están a favor de la decisión del DHS, aunque esta no depende de estas autoridades, sino de la postura final del juez de Texas que ordenó implementar el proyecto.
Tanto la OIM como la Acnur ya habían advertido desde hace meses que el restablecimiento del MPP, incluso temporalmente, ponía en peligro a los migrantes, especialmente en una administración demócrata que proclamó ser defensora de sus derechos.
Biden había rechazado el programa durante su campaña presidencial y ha tenido varios intentos de terminarlo, pero también está preparado para continuarlo si Texas lo obliga. Un reporte de Vox dice que el DHS está construyendo nuevas tiendas de campaña y continúa esperando una respuesta positiva por parte del Gobierno mexicano
El MPP nació en 2019 con la administración del republicano Donald Trump. La política fue heredada a la presidencia demócrata.
«La política de los MPP pone en riesgo a las personas que se encuentran en la frontera y buscan ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo. La OIM aplaude el anuncio del DHS de buscar la terminación definitiva de esa política», señaló la directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Michele Klein Solomon, en un comunicado.
«Si bien el memorando [del DHS] es un paso en la dirección correcta, debe ir acompañado de una acción más significativa para poner fin a Permanece en México para siempre y restablecer por completo el acceso al asilo, incluso en los puertos de entrada, para quienes buscan protección bajo la ley. La administración debe actuar rápidamente para anular la orden judicial en Texas vs. Biden y abandonar su adopción de estrategias de disuasión fallidas», reaccionó el Centro Nacional de Políticas Migratorias (NILC).
Aunque dejara de enviar a los migrantes a México con el MPP, a Estados Unidos le queda el Título 42 para seguir con las deportaciones.
La OIM criticó que las personas sujetas al MPP, entre las que se encontraban muchos niños y adolescentes, esperan durante meses en albergues y campamentos improvisados en México sin acceso a condiciones adecuadas de alojamiento, higiene y alimentación, ni a una atención apropiada en salud o educación. «Algunos se enfrentaron a abusos, explotación e incluso secuestros. Esta situación no debe repetirse», sostuvo Solomon.
Por medio de una orden ejecutiva de Biden en febrero, la OIM, ACNUR y Unicef se coordinaron para procesar los casos pendientes en una primera etapa, mientras que la segunda etapa fue anunciada en julio para solventar los casos terminados o por remoción en ausencia de las audiencias. Sin embargo, las impugnaciones legales a la orden ejecutiva detuvieron el trámite ordenado de otras peticiones de asilo pendientes.
En junio, Biden intentó terminar el programa, pero dos meses después los fiscales republicanos de Texas y Misuri demandaron a la administración para que lo reinstalara, alegando que no se habían considerado factores importantes. Por ello la corte de distrito de Texas acordó que el gobierno hiciera el «esfuerzo» de mantener el programa ideado por Trump. Incluso, la Corte Suprema decidió dejar que la demanda de Texas siga su curso, lo que obliga a Estados Unidos a continuar el programa a pesar de su deseo de terminarlo, según el memorando del DHS.