El Plan Control Territorial ha tenido un impacto significativo en El Salvador: ha reducido drásticamente los homicidios, además de otros delitos. Es tal su incidencia que incluso en el momento actual, cuando las autoridades de Seguridad y de la Defensa están bajo el ataque de ciertos sectores, la misma Fiscalía General de la República (FGR) ha reconocido la baja de muertes violentas como producto de las acciones en contra de las estructuras criminales.
De forma maliciosa y sin base real, una publicación digital aseguró que la baja de homicidios se debía a una tregua entre el Gobierno y las pandillas, como ocurrió de manera evidente durante la administración de Mauricio Funes, que de ser presidente de la república pasó a ser prófugo de la justicia y tuvo que asilarse en Nicaragua, donde luego obtuvo la ciudadanía en un proceso lleno de irregularidades avaladas por el régimen de Daniel Ortega.
El Plan Control Territorial permitió que la Policía Nacional Civil (PNC) reportara hasta octubre de este año la detención de 24,000 delincuentes, de los cuales al menos 1,250 estaban vinculados con asesinatos, además de otros 500 implicados en casos de violaciones. El fiscal general de la república, Raúl Melara, publicó en su cuenta de Twitter que, gracias a las investigaciones de los fiscales, se han logrado condenas de hasta 172 años de cárcel para algunos de estos criminales detenidos por la Policía, una acción que ha evitado el alza de homicidios.
En efecto, es el trabajo conjunto de la Fiscalía y de la PNC el que llevará al país a combatir de manera efectiva la delincuencia y el crimen organizado. Siempre y cuando la FGR continúe su mandato constitucional de promover la investigación del delito, la sociedad salvadoreña podrá aspirar a vivir en tranquilidad y prosperar.
El enfoque y los esfuerzos deben estar centrados en el combate a la delincuencia. Si bien la Fiscalía está autorizada para investigar el proceder de las instituciones públicas, es un hecho real que su forma de actuar determina los resultados de sus acciones. Las autoridades del Gobierno Central han dicho que están dispuestas a colaborar con las pesquisas, pero que el secuestro de equipos vitales para concretar las compras de medicamentos o que dan soporte al sistema de atención a pacientes no hace sino paralizar o, incluso, atentar contra el funcionamiento de instituciones como el Ministerio de Salud.
Cuando las instituciones caminan en la misma dirección, los resultados están a la vista. El Plan Control Territorial ha sido un éxito porque el trabajo de la Policía y de la Fuerza Armada en el campo se ha coordinado de manera efectiva con el de la Fiscalía en los tribunales.