Las alcaldías han sido, por décadas, lugares en donde los partidos políticos han colocado a sus activistas, y en lugar de trabajar por el bienestar del pueblo, solo crean una burocracia que entorpece la actividad económica o complica trámites sencillos. Por eso se explica que nunca se propuso de forma seria y formal la posibilidad de suprimir algunos municipios, porque ello implicaba afectar los intereses particulares de los políticos que tenían así una forma para pagar favores a sus colaboradores.
Debido al sinsentido de tener 262 municipios en un territorio de 20,000 kilómetros cuadrados, hay alcaldías que no recaudan suficiente dinero de impuestos y tasas (los servicios que presta un gobierno local a la población) para pagar la planilla, por lo que dependían de las transferencias del Gobierno Central a través del Fodes (Fondo para el Desarrollo y Económico y Social de los Municipios).
En otras palabras, no tenían suficientes ingresos para justificar tener nóminas grandes. Y, para desgracia de muchos pueblos, los alcaldes solían reservar para sí mismos sueldos de hasta $9,000 mensuales en municipios pequeños, pobres y apartados, por lo que los pagos salían de los fondos que el Estado transfería y que supuestamente iban destinados para el desarrollo económico y social de las municipalidades.
Bajo la bandera de la «descentralización», los viejos políticos asignaron cantidades millonarias para transferir a las municipalidades, las cuales recibían los fondos que debían utilizarse para obras que el Gobierno Central delegaba en las autoridades locales. Sin embargo, los precios se inflaban y los trabajos se asignaban a dedo, por lo que buena parte del dinero iba a engrosar las cuentas de políticos corruptos, negando beneficios para la población, la cual recibía servicios deficientes en el mejor de los casos, cuando no, inexistentes.
La propuesta del presidente Nayib Bukele de que El Salvador no tenga más de 50 municipios traerá grandes beneficios para la población, que ahorrará en los pagos de grandes cantidades de activistas y, en cambio, recibirá mejores servicios por los impuestos y tasas que paga.
Como Estado, se puede lograr eficiencia al hacer un uso más inteligente de los recursos y aportar equipos especializados para resolver problemas municipales.
Además, se requerirá de más participación ciudadana, que sea parte de las soluciones, para llevar a cabo obras que beneficien a todos los habitantes de un municipio.
