El 82.48 % de los guatemaltecos que ha acudido a un centro de vacunación no ha recibido la segunda dosis para protegerse contra la COVID-19. En concreto, solo el 1.5 % de la población meta cuenta con un esquema completo. Hasta el jueves, 1,002,959 dosis habían sido administradas en todo el país.
En paralelo, los casos diarios del coronavirus continúan en un infalible aumento. Los contagios han pasado de un promedio diario de 1,500 hasta llegar al inédito dato de 3,069 casos el pasado 7 de julio; el número más alto desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. El país cuenta con las opciones de vacunación de Moderna, AstraZeneca y Sputnik V.
El avance del plan de vacunación ha alcanzado la fase II, que incluye a todas las personas mayores de 50 años. Esto incluye también a los maestros y a las personas con comorbilidades, quienes han denunciado fallas en el proceso. La gestión de la pandemia por parte de la administración del presidente Alejandro Giammattei está bajo cuestionamiento y ha sido escudriñada en los últimos días por el Congreso.
Sobre todo, luego de que el Ministerio de Salud se resistió a dar a conocer los detalles del contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión para adquirir 8 millones de vacunas de Sputnik V, para los cuales fueron desembolsados $79.6 millones, y hasta el viernes pasado solo se habían recibido 350,000 primeras dosis.
Diferentes bancadas del Legislativo han pedido la destitución de la ministra de Salud, Amelia Flores, por el mal manejo de la pandemia.
El 5 de julio, la Fiscalía contra la Corrupción dio a conocer que se encargaría de una denuncia en contra de Flores por supuestas irregularidades en el contrato con los rusos. Algunos diputados también han solicitado, aunque hasta el momento sin éxito, someter a la ministra a una interpelación.
«Negociar con Johnson & Johnson era más barato, pero presionaron para negociar con Rusia en las peores condiciones para el pueblo de Guatemala. Las muertes por la COVID-19 ante la falta de vacunas tienen un responsable con nombre, apellido y el salario más alto de la región entre sus homólogos», advirtió Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla.
«La ministra de Salud debería renunciar y someterse a las autoridades que tienen que investigar las irregularidades en la firma de un contrato por vacunas rusas», opinó la semana pasada la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez.
El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dijo la semana pasada que el trato con Rusia ha sido un «acto de corrupción». Hasta la pasada semana, a Guatemala le era imposible negociar con otras farmacéu[1]ticas, ya que no tiene una legislación que fuera aceptada por los proveedores.
La ley de exención fue publicada en el «Diario Oficial» apenas el 6 de julio. Hasta el jueves anterior, se había alcanzado a vacunar al menos con una dosis al 8.57 % de los 11.7 millones de personas que conforman la población meta a inmunizar.
El mayor lote que ha arribado al país ha sido el de Moderna, donado por Estados Unidos mediante el mecanismo COVAX, con 1.5 millones de dosis de vacunas para inmunizar a 750,000 per[1]sonas con un esquema completo.
De acuerdo con el Laboratorio de Datos de Guatemala, entre el 27 de junio y el 3 de julio hubo un descenso en el ritmo de vacunación. Se administró un promedio de 6,500 dosis al día.
«En su mayoría a personas nuevas [primera dosis], la administración de segundas dosis registra un avance lento», dijo la organización en su último informe sobre el plan de inmunizaciones.
La ministra Flores declaró en el pasado que es mejor tener a un gran número de la población con alguna dosis que tener ciudadanos con el esquema completo. Entre el miércoles y el jueves hubo 10,476 inmunizaciones. En Guatemala hay más de 314,302 casos de la COVID-19 acumulados y más de 9,600 fallecidos. La letalidad por el coronavirus es del 3 %.