A pesar del apoyo financiero y militar de EE. UU. que había recibido el Gobierno salvadoreño, la guerra civil de los años ochenta había llegado a una situación en la que no existía un ganador; se logró un acuerdo de fin de la guerra en el que se establecía la finalización de la dictadura militar, el fortalecimiento de los derechos humanos de la población, así como reformas al sistema electoral. No se lograron acuerdos en los aspectos económicos o sociales, dejando problemas de este tipo activos que habían desencadenado el conflicto armado y que luego llegaron a su etapa crítica, como la falta de oportunidades, la seguridad personal y la desigualdad económica y social.
Los cuatro gobiernos de ARENA adoptaron políticas económicas para introducir y desarrollar el modelo económico neoliberal al servicio del grupo social de la oligarquía y de los funcionarios que dirigían los tres poderes del Estado; aumentaron la desigualdad económica y social, la dependencia económica de EE. UU. y la emigración de salvadoreños.
En el período 2009/2019, los dos gobiernos del FMLN no impulsaron reformas tributarias que modificaran significativamente la redistribución del ingreso de la población; tampoco hicieron una reforma administrativa del Estado para ponerlo al servicio de la mayoría de la población. La justificación para ello fue que esas políticas pondrían en peligro el apoyo económico y militar de EE. UU., así como la estabilidad del Gobierno, porque la oligarquía podría impulsar un golpe de Estado militar o institucional.
Esos gobiernos pretendieron superar la insatisfacción de la mayoría de la población utilizando políticas de regalar bienes y servicios, permitiendo que continuara funcionando el modelo económico neoliberal que, por un lado, favorecía a la oligarquía y a los nuevos altos funcionarios del Estado, mientras que, por el otro, empobrecía a la mayoría de la población.
El movimiento político Nuevas Ideas prometió resolver el problema de la insatisfacción de la mayoría de la población si se lograba que el Gobierno mejorara el funcionamiento del sistema capitalista en el país utilizando tecnologías modernas, así como aprovechando la capacidad de trabajo y empresarial del salvadoreño. Para lograr ese objetivo era necesario que la mayoría de la población asumiera las funciones de dirección social, política y económica del país, que está en manos del grupo social formado por familias propietarias de las grandes empresas del país.
En 2019, la mayoría de la población utilizó su fuerza política para llevar a la presidencia al organizador y líder del movimiento Nuevas Ideas y en 2021 obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.
Durante estos dos años del gobierno de Nuevas Ideas, la mayoría de la población ha identificado claramente a las instituciones y personas que se oponen a las medidas de cambio, que sienten que han perdido o perderán sus privilegios; los que exageran las posibles consecuencias del cambio en la llamada democracia salvadoreña, la cual ha estado al servicio de la oligarquía.
No se deben escuchar los reclamos infundados de la oposición, de aquellos grupos sociales y partidos políticos que prefieren que la realidad social, política y económica se mantenga en beneficio de sus intereses económicos y políticos, cargando los costos a la mayoría de la población salvadoreña.
