El Chaparral se ha convertido en una triste historia que ya lleva 13 años en los que hubo amaños, sobornos y litigios jurídicos y técnicos de un proyecto que en 2008 se vendió como la solución a los altos precios de la energía eléctrica en el país, pero que finalmente se convirtió en una verdadera joya de la corrupción de los gobiernos de ARENA y el FMLN. La obra pasó de ser valorada inicialmente en $216 millones, terminará costando más de $700 millones a los salvadoreños.
Hace 13 años, el expresidente Elías Antonio Saca [condenado por robar $301 millones] y el ex titular de la CEL, Nicolás Salume, colocaban la primera piedra del proyecto, en una zona con un suelo inestable y arcilloso donde no podría construirse un proyecto de grandes proporciones, lo que terminaría disparando el costo original del proyecto.
Luego, en el 2009 con la entrada al gobierno del prófugo Mauricio Funes, cuando la obra no superaba el 30 % de avance, la empresa italiana Astaldi notificó a la CEL que se habían encontrado «imprevistos imprevisibles» en el margen derecho de la montaña donde se asentaría el dique de la presa. Lo que obligó a una suspensión indefinida de los trabajos.
Para el 2011, Astaldi presentó un informe a la CEL, donde aclaraba que por los estragos ocasionados por la tormenta Agatha en mayo de 2010 los problemas se habían agravado, lo que obligó a la constructora a paralizar nuevamente los trabajos.
LEA TAMBIÉN: «By-pass» de La Libertad, el millonario proyecto inconcluso del FMLN
Esto cambió el curso del proyecto porque obligó a CEL a debatir con Astaldi sobre el futuro de la obra, a pesar de que el contrato que ambas partes habían firmado estipulaba que no se podían hacer modificaciones ni pagar costos adicionales y que el contratista italiano tenía que entregar la central hidroeléctrica, asumiendo costos y nuevos diseños.
Durante todo ese tiempo los asesores legales de CEL, Curtis, Mallest-Prevost, Colt & Mosle, no recomendaron a la directiva de la autónoma hacer un arreglo directo con Astaldi, si no que le advirtieron que debía hacer cumplir el contrato que exigía la entrega de la represa El Chaparral, sin el pago de sobreprecios o, en su defecto, iniciar un arbitraje internacional para superar el desacuerdo.
Sin embargo, a medio gobierno de Funes la obra fue dejada inconclusa [29 %] por Astaldi, a pesar de ello, y del contrato que habían firmado, la CEL con la venia de Funes le terminó pagando los $108.5 millones a la italiana. El millonario desembolso generó críticas, sorpresivamente el primero en defender el multimillonario pago en 2012 fue Funes.
SOBORNOS
La Fiscalía General de la República confirmó, el 6 de enero de 2019, que Funes y Miguel Menéndez [Mecafé] crearon dos empresas fantasmas en Panamá para hacer llegar a sus cuentas personales $3.5 millones que otorgó Astaldi para suspender el contrato por El Chaparral.
El arreglo habría sido aprobado por la junta directiva de CEL en la sesión número 3520 realizada el 1 de junio de 2012 era de $105 millones. Pero el presidente de la autónoma, Leopoldo Samour, propuso cuatro días después incorporar los $3.5 millones en el arreglo, por lo que al final se le pagó a Astaldi por una obra de apenas un 29.9 % de avance, $108.5 millones.
Entre el 10 y el 12 de junio del 2012, Menéndez y Samour viajaron a Panamá para la compra de la sociedad fachada off shore denominada Headford Business, y para recibir esos $3.5 millones que les dio Astaldi, según la acusación de la Fiscalía.
La FGR detalló que también abrieron una cuenta en el banco FPB Bank Inc. en Panamá a nombre de la misma empresa off shore, pero que sirvió para los depósitos de las dádivas entregadas por Astaldi a Menéndez y Funes por haber ordenado el trato directo, mediante el cual se le pagó más de $45 millones de exceso para la constructora italiana.
La investigación fiscal determinó que al iniciar las transferencias de CEL para Astaldi, Menéndez junto al representante de la Astaldi, Mario Pieragostini, y un testigo protegido, elaboraron contratos falsos con los que simularon el pago o redistribución de los servicios, supuestamente prestados por la sociedad Headford y dos sociedades relacionadas con Astaldi. Estas empresas eran Railway International Trading Corp y RIFT International.
LA OTRA BENEFICIADA
Según la Fiscalía, Astaldi transfirió a Mecafé y Funes $3.5 millones para empresas fachadas que crearon en Panamá, y parte de este dinero fue destinado a la creación de la sociedad Latin America Spas, que se fundó en El Salvador, Panamá y Suiza. Ada Michelle Guzmán Sigüenza, la pareja de Funes, recibió más de $1.1 millones.
La investigación fiscal detalla la RIFT International S.A. Panamá recibió $900,000 y luego los transfirió a Headford Business, S.A., Panamá. Esta misma empresa recibió $1.1 millones de Railway International Corp (RIT) Panamá.
Pero Headford Business, S.A. Panamá hace una serie de transferencias por cerca de los $2 millones recibidos y le transfirió $650,000 a Latin America Spas S.A. de C.V. El Salvador.
Por la administración del supuesto negocio de masaje y peluquería, Guzmán recibía un salario de $10,000 por mes, dinero que fue cargado a la partida de gastos reservados de la Presidencia. Según el esquema de distribución del soborno presentado por la Fiscalía, Michy recibió otros $399,800 vía Headford Business S.A. Panamá y otra sociedad salvadoreña intermediaria y este dinero lo entregó a Mecafé, quien le habría vendido el local del spa.
Otra operación que terminó beneficiando a Michy fue la que se hizo vía una sociedad salvadoreña con cuenta en Panamá que le transfirió $74,940 para pagarle una constructora en concepto de remodelación de la casa en la que ella residía, en Sierra Santa Elena.
Por todos estos hechos, la Fiscalía presentó el 4 de enero de 2019 una acusación en el Juzgado Noveno de Paz, de San Salvador, por los delitos de peculado, instigación al peculado, lavado de dinero, cohecho activo y agrupaciones ilícitas en contra de Guzmán, Funes, Mecafé, Leopoldo Samour, Mario Pieragostini y Efraín Quinteros, quien llevaba la contabilidad al negocio de Michy.
