El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) es el nuevo ente rector responsable de supervisar el cumplimiento de la ley Crecer Juntos, la cual entró en vigor el 1.° de enero de este año. Ayer se instaló la primera sesión del consejo directivo del Conapina, el cual está integrado por los Ministerios de Salud, Educación, Seguridad, Trabajo, Hacienda, Gobernación y representantes de la sociedad civil.
En la sesión, se aprobaron las responsabilidades de dicho organismo contenidas en la ley y marca el inicio de las funciones administrativas de la institución. Además, cada titular de las carteras de Estado explicó las principales responsabilidades que cumplirán bajo la normativa. «Con la ley Crecer Juntos, el Ministerio de Salud tiene una misión fundamental de velar por la salud de toda la población, pero principalmente velar por la salud desde la gestación», indicó el ministro de Salud, Francisco Alabi.
Por su parte, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, explicó que deben asegurar el acceso a la educación artística, deportiva y universal para la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Según detalló, establecerán políticas educativas inclusivas e integrales. «Se define un modelo integral de atención a la primera infancia, para que sea implementado a través de la vía familiar comunitaria e institucional. Además, se busca que haya una incorporación oportuna de todos los procesos educativos», señaló Pineda.
El titular de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, detalló que desde la cartera de Estado que dirigen se encargarán de brindar una respuesta oportuna para los niños y adolescentes en situaciones de emergencia.
Además, en la primera sesión ratificaron a Linda Amaya como directora ejecutiva del Conapina conforme a lo dispuesto en el artículo 298 de la ley Crecer Juntos.
El Conapina asume las responsabilidades que antes tenían el ISNA y el CONNA, pero las fortalecerá y ampliará para garantizar el cumplimento de la ley Crecer Juntos. A su cargo están las 16 Juntas de Protección que se encuentran ubicadas en las cabeceras departamentales del país, incluyendo tres en San Salvador. Además, es responsable de los centros de reinserción y de acogimiento para niñas, niños y adolescentes.
Una de sus funciones es desarrollar políticas para la prevención y protección de la niñez y adolescencia.
