Conseguir dinero bajo amenazas o amedrentar a las víctimas para que abandonen sus viviendas han sido unas de las principales formas de operar de las pandillas en El Salvador y así cometer hechos delictivos; sin embargo, las medidas de seguridad implementadas en la actual gestión han permitido frenar el accionar de los grupos terroristas que solo buscan atemorizar a la población.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de Flor Andrea García Chilulun, quien fue procesada por exigir dinero a una vecina en Soyapango en concepto de extorsión. Los hechos sucedieron a inicios de octubre del año pasado.
«La víctima clave “Octubre Siete” se encontraba en su casa de habitación en el municipio de Soyapango. La víctima recibió una llamada de una mujer que le exigía cierta cantidad de dinero, pero nunca se llegó a consumar la entrega», detalló la Fiscalía General de la República.
La víctima interpuso la denuncia ante el ministerio público y la mujer fue capturada en su casa de habitación.
La Fiscalía presentó pruebas que la inculpaban; entre ellas, el número del teléfono móvil desde donde se originaron las llamadas para extorsionar; sin embargo, la mujer fue procesada por el delito de amenazas.
También, el pasado 24 de septiembre cuatro pandilleros de la 18 fueron condenados hasta a 10 años de prisión por amenazar a una víctima con arma de fuego para que abandonara su vivienda en San Pedro Masahuat.
Le dijeron que, si no lo hacía, atentarían contra su vida. Posteriormente la amenazaron por haberlos denunciado.
El caso de García Chilulun y el de los cuatro pandilleros condenados son parte de las 39,873 denuncias que la Fiscalía ha procesado por el delito de amenazas y amenazas con agravación especial a escala nacional en los últimos tres años y medio.
En El Salvador, «el que amenazare a otro con producirle a él o a su familia un daño que constituyere delito en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio» podría ser sancionado con prisión de uno a tres años, establece el artículo 154 del Código Penal.
La pena puede aumentar hasta a seis años de prisión cuando el denunciado haya cometido el hecho «con arma, que la acción fuera cometida por dos o más personas, si las amenazas fueron anónimas, por odio racial, en centros educativos, parques o si la acción fue realizada aludiendo con miembros de pandillas, maras u organizaciones criminales», agrega el cuerpo normativo.
Según revelan las estadísticas de la Fiscalía, este tipo de delito ha sido una práctica común de los delincuentes.
Durante 2018 se registraban 10,964 denuncias por este accionar, seguidas de 12,482 para el año siguiente.
Sin embargo, pese a que es un delito que ha persistido, en los dos últimos años las denuncias por amenazas registraron una disminución, ya que para 2020 se cuentan 8,989 casos y en lo que va de este año hay 7,438 reportes de amenazas.
Disminución de delitos
Las estadísticas establecen que desde 2019 hasta el año pasado se logró una reducción del 28 %. Esa baja se ha mantenido durante este año hasta llegar al 18 %.
La reducción de amenazas, homicidios, extorsiones y otros delitos es atribuida a los resultados de las acciones ejecutadas que forman parte del Plan Control Territorial, aseguran las autoridades.
Los casos de extorsiones, que tienen estrecha relación con las amenazas, han disminuido en casi un 50 % en el último año, mencionó hace unos días el director de Centros Penales, Osiris Luna.
El director de Centros Penales siempre ha señalado que exfuncionarios corruptos en los gobiernos de los partidos ARENA y FMLN promovieron el libertinaje en las prisiones para beneficiar a los criminales, mientras que cientos de ciudadanos eran asesinados cada año y otros miles eran extorsionados bajo amenazas de no ser asesinados.
Por lo anterior, la administración de Nayib Bukele decidió quitar los privilegios a los criminales en las cárceles; entre ellos, se eliminaron los teléfonos públicos y se ha bloqueado totalmente la señal que permitía a los pandilleros ordenar asesinatos y extorsiones desde las prisiones.
Esto fue clave, según el director de Penales, para combatir los homicidios y las extorsiones. «Empezamos a tener el control hacia el exterior, había que incomunicar a los cabecillas con todo lo que tienen afuera», expresó Osiris Luna.
