En el Plan Cuscatlán, que es el programa de gobierno que lleva adelante el presidente Bukele, se estableció como un objetivo prioritario el rediseño del Poder Ejecutivo para que este pueda dar respuesta a las necesidades de la población y de la nación. Esta tarea significó, por ejemplo, desde que se desató la crisis sanitaria de la COVID-19, que haya funcionado en forma permanente y coordinada el Gabinete Ampliado de Salud, integrado por todas las áreas involucradas en el abordaje sanitario. Un trabajo responsable que salvó y sigue salvando vidas y mereció el reconocimiento internacional hacia nuestro país por el manejo de la pandemia.
De la misma manera, los diputados de la próxima Asamblea ya renovada tendremos el desafío de rediseñar el Poder Legislativo para ponerlo al servicio de la población. Y lejos de conformar un cuerpo complaciente, trabajaremos para que los proyectos presidenciales que la gente votó con esperanza se lleven a cabo en los tiempos y formas que corresponden. Lo cual conlleva necesariamente la construcción de una estructura jurídica que los habilite y no los obstruya, como ocurre actualmente.
Como sabemos, nuestra Constitución le otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de elegir a las autoridades del sistema de justicia salvadoreño. De acuerdo al artículo 131, numeral 19, de la Constitución de la República, el presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, el fiscal general de la república, el procurador general de la república, el procurador para la defensa de los derechos humanos y los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura son elegidos por los diputados en sesión plenaria.
Y aunque la Constitución también nos indica que las elecciones de segundo grado deben ser por idoneidad y competencia, con honorabilidad comprobada y que no hayan estado en ningún partido político, ha quedado suficientemente claro que los legisladores han privilegiado criterios contrarios al espíritu constitucional y han sometido al Órgano Judicial para instaurar la impunidad de quienes han saqueado al país.
Diariamente, vemos sobrados ejemplos del accionar de una justicia parcializada al servicio de los partidos políticos tradicionales y los factores del poder económico. Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN, sigue prófugo con el aval de la Sala de lo Constitucional que mantiene en pausa el proceso judicial. El alcalde de Santa Tecla del partido ARENA, Roberto d’Aubuisson, acumula delitos con grave perjuicio para los habitantes de esa comuna sin que el fiscal de la república proceda, habida cuenta de su probada afinidad arenera. También es necesario señalar los casos donde se evidencia la sola inacción, como en el caso de un pandillero que habiendo sido condenado en juicio a 350 años de cárcel por el asesinato de 160 personas, salió libre porque la cámara no resolvió a tiempo una apelación. El mismo fiscal ha dejado en libertad a violadores, evasores impositivos, contrabandistas, etcétera.
En este tiempo de cambios, celebro la sabia intención que han demostrado los salvadoreños de poner fin a ese reinado de corruptos y, si el pueblo nos acompaña masivamente con su voto, este 28 de febrero, quedará sellado nuestro compromiso de trabajar por una nueva institucionalidad en el país.
Así como lo he hecho anteriormente desde la sociedad civil, ahora como legisladora, y junto con mis compañeros de bancada de Nuevas Ideas, voy a participar de los debates para que el proceso de elección de funcionarios de segundo grado sea transparente y prohíba cualquier vinculación político-partidaria. Al mismo tiempo, para que la elección de los titulares de los entes de control incorporen mecanismos que permitan evaluar y acreditar la idoneidad de los candidatos para el cargo concreto.
Hace dos años, el pueblo eligió escaparse de un destino injusto al votar para presidente a Nayib Bukele. Es esa misma voluntad la que dará a Nuevas Ideas la mayoría en la Asamblea Legislativa en 2021, para que avancemos juntos bajo la bandera de El Salvador.