Varias organizaciones afines a la ANEP -algunas de ellas autodenominadas «tanques de pensamiento»-, el dueño de un periódico impreso y dos de sus columnistas rechazaron el nombramiento de los nuevos magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron nombrados con 64 votos por la Nueva Asamblea Legislativa el sábado por la noche.
Los cuatro magistrados que fueron destituidos por la nueva legislatura son los que durante 2020 emitieron una serie de resoluciones que dejaron sin herramientas jurídicas al Gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar lo más duro de la emergencia ocasionada por la COVID-19.
La nueva legislatura consideró que los magistrados: José Óscar Pineda Navas, presidente del Órgano Judicial, Aldo Cáder Camilot, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento incurrieron en fraude a la Constitución de la República y por emitir sentencias arbitrarias.
En su defensa, gremiales empresariales y organizaciones como Fusades, Cristosal, Funde, ANEP, DTJ, Fespad, el socio de un bufete litigante que tenía influencia con los magistrados destituidos, Fabricio Altamirano, José Miguel Fortín y Paolo Lüers (estos últimos tres son el dueño de El Diario de Hoy y dos de sus columnistas) expresaron su rechazo por el nombramiento de Héctor Nahum Martínez, José Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas, Luis Javier Juárez Magaña y Oscar Alberto López Jerez como los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Miguel Ángel Siman, presidente de FUSADES y hermano de Javier Simán, el presidente de la ANEP, aseguró que «los magistrados que fueron nombrados ayer [sábado] caen en la categoría de ilegítimos».
La Nueva Asamblea Legislativa dio argumentos sólidos sobre los cuales basaron su decisión para cesar de sus cargos el grupo de magistrados señalados.
Uno de estos argumentos planteados por los diputados de Nuevas Ideas es que estos funcionarios judiciales declararon inconstitucionales los decretos Ejecutivos [5, 12, 18, 22, 24 y 25 emitidos por el Ministerio de Salud] con los que el gobierno buscaba enfrentar la pandemia con lo cual pusieron en riesgo la salud de la población.