El exdiputado Érick García y su diputada suplente, Nidia Araceli Turcios, han sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) para cumplir órdenes emitidas por la Fiscalía General de la República para que enfrenten varios delitos. García perdió su fuero como diputado este miércoles para enfrentar la acusación por falsificación de documentos y ayer fue detenido por las autoridades. No se descarta que se investiguen otras conductas delictivas.
La PNC informó que Turcios no fue detenida hasta ayer para no entorpecer las investigaciones. Lo cierto es que estas capturas, sumadas a la del exasesor de seguridad nacional Alejandro Muyshondt, muestran claramente el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele de combatir tanto la corrupción como la práctica de prevalecerse de los cargos públicos para beneficiarse y cometer delitos.
En primer lugar, esto implica una voluntad política decidida y la valentía de perseguir a los malos elementos, independientemente de sus afiliaciones políticas. Tanto García como Turcios fueron electos bajo la bandera de Nuevas Ideas, pero ese no fue impedimento para que hayan sido detenidos.
En el pasado, la bancada de ARENA protegió a su entonces diputado Norman Quijano, quien negoció con las pandillas cuando fue candidato presidencial, una tarea criminal que también hizo el exalcalde de San Salvador y también arenero Ernesto Muyshondt por instrucciones de la dirigencia tricolor. Quijano, a pesar de las graves acusaciones y la prueba presentada, mantuvo su inmunidad parlamentaria porque ARENA votó en contra de retirarle el fuero legislativo. Después huyó del país para evadir la justicia.
Con García ya son tres los diputados propietarios de Nuevas Ideas que han sido sometidos a antejuicio y perdido su fuero legislativo. Los primeros dos habían conspirado para romper la bancada legislativa, traicionando con ello la voluntad popular.
La voluntad de hacer cumplir la ley ha sido una constante demostrada a lo largo del Gobierno. La máxima expresión fue la guerra contra las pandillas con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos y enviar a prisión a los criminales que tanto luto y dolor impusieron al país.
Ahora, con los homicidios reducidos y la seguridad en pleno, las autoridades pueden investigar con mayor celeridad y eficiencia los distintos delitos, al punto que los asesinatos que aún ocurren se investigan prontamente y los culpables son encontrados y llevados a juicio. Y lo mismo sucede con motoristas del transporte público que provocan accidentes o aquellos que conducen bajo los efectos del alcohol. Todos son detenidos porque la impunidad ya no tiene cabida.
