Los manuales y libros de historia nos indican que la política es una disciplina que desarrolla ideas e ideologías y que implementa acciones para el beneficio de la sociedad. Lo que décadas de gobiernos de ARENA y del FMLN nos demostraron es que «los políticos» eran una especie de cofradía dedicada a enriquecerse de los fondos públicos, en total corrupción y protegidos por la impunidad cómplice de unos y otros.
Lo que demostró la llegada del FMLN al poder, luego de cuatro administraciones de ARENA, es que se trataba del arribo de un socio en lugar de ser el que iba a combatir y desmontar lo que su predecesor había hecho.
Ese pacto de impunidad quedó manifiesto tan pronto asumieron el poder. Nunca hubo una persecución de delitos relativos a la corrupción, sino que se protegió el sistema que luego fue utilizado para saquear las arcas del Estado.
Una de las maneras favoritas de «los políticos» para asegurar su espacio dentro de la estructura del Estado eran las generosas aportaciones que el Gobierno entregaba a los partidos para hacer campaña electoral.
Este subsidio estatal estaba justificado con la idea de la igualdad, de promover ideas diferentes y garantizar la pluralidad en las instituciones. La realidad, sin embargo, demostró otra cosa. Con millones de dólares fluyendo a sus cuentas bancarias, «los políticos» hicieron lo que mejor sabían hacer: saquear esos fondos públicos.
Lo hacían de múltiples formas: inflando precios de insumos y costos de producción, poniendo eventos y gastos fantasmas y contratando a empresas de allegados o de prestanombres. De hecho, hace un par de semanas, el presidente de ARENA, Carlos García, anunció una auditoría a su mismo partido, descontento con una deuda de $7 millones adquirida por la anterior cúpula tricolor y que presenta una serie de irregularidades. En respuesta, su diputada, Marcela Villatoro, pidió incluir en la auditoría a la actual dirigencia, que tampoco se libra de los cuestionamientos.
Si «los políticos» tienen como vocación el servicio, no deberían recibir millonarios fondos públicos para hacerlo. La deuda política, como se conoce al aporte del Estado a los partidos, ha servido en el pasado para fomentar la corrupción. Si los partidos son organizaciones con respaldo social, esa base debería mantener y financiar sus actividades. De lo contrario, los fondos públicos de la deuda política se convierten en un incentivo para obtener dinero fácil.