Resolver el caso de la masacre de los padres jesuitas parece que ya no es una bandera de justicia para el FMLN, pues ahora que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió admitir un amparo para que se investigue lo ocurrido el 16 de noviembre de 1989, considera que es una cortina de humo.
Así lo expresó ayer Anabel Belloso, diputada del FMLN, quien aseguró que dicha resolución «no es un compromiso real, sino un manejo malintencionado » para resolver el caso, pero luego señaló que su partido sigue con el compromiso «de cara a la verdad y la justicia en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado».
Después retomó el discurso que junto con el partido ARENA mantiene la oposición en contra del Gobierno del presidente Nayib Bukele, señalándolo de dictatorial.
Pero el asesor jurídico de la presidencia de la república, Javier Argueta, consideró que el nuevo juicio que se desarrollará por el caso de la masacre de los sacerdotes y sus dos colaboradoras puede cerrar la puerta a la impunidad que ha prevalecido por décadas.
La matanza fue perpetrada por elementos del Batallón Atlacatl en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y los responsables fueron exonerados penalmente gracias a la ley de amnistía general de 1993.
Para Argueta, la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley, en 2016, y la reciente admisión del amparo de la Sala en relación con el caso permitirán conocer la verdad sobre la masacre y la participación de los autores intelectuales y materiales.
«Estas personas tienen que ser juzgadas. Los salvadoreños merecen conocer cómo ocurrieron estos hechos», expresó el asesor jurídico en la Entrevista A:M, de Canal 10.
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño la ley de amnistía porque impedía el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en el conflicto armado.
Además, autorizó que la Asamblea Legislativa aprobara una nueva ley de reconciliación, pero no debía impedir el esclarecimiento de los crímenes.
Al finalizar la legislatura 2018-2021, la normativa ya había sido aprobada, pero no se completó el proceso de formación de ley por veto presidencial.
Uno de los señalados y condenados a 30 años de prisión por el múltiple crimen es el coronel Alfredo Benavides, quien, a inicios de este mes, por medio de su abogado, pidió a la Asamblea que lo indultara; sin embargo, la petición fue rechazada por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
Los legisladores argumentaron que este tipo de hechos no prescriben; por lo tanto, él y todos los responsables deberán enfrentar la justicia. Otro de los implicados en la masacre es el coronel Inocente Orlando Montano.
En febrero de este año, el Tribunal Supremo de España ratificó la condena de más de 133 años impuesta por la Audiencia Nacional.
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