Con el objetivo de que sus militantes partidarios recibieran pensión, terrenos y viviendas financiados con recursos públicos y así obtener su voto, el último gobierno del FMLN, dirigido por el ahora prófugo de la justicia Salvador Sánchez Cerén, los incorporó ilegalmente al registro de veteranos y excombatientes, afirmó ayer José Urbina, diputado de Nuevas Ideas.
Estas incorporaciones permitieron que personas que nunca combatieron en la guerra civil se lucraran con dinero que no estaba destinado para ellas. «Hay algo muy peligroso, muy mezquino, muy perverso que hizo el gobierno del FMLN: comenzó a clasificar y a registrar a personas que nunca tuvieron ningún rol en el conflicto armado y las registró como excombatientes. Son personas que, si usted revisa la edad de ellas, no cuadran con el momento en que se desarrolló la guerra», señaló el diputado en la entrevista matutina La Tertulia.
Aunque el legislador no precisó la cantidad de militantes que el FMLN incorporó, sí fue enfático en señalar que la motivación fue electoral. La ley que dio los beneficios económicos a los veteranos fue aprobada por la anterior Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 2018, a menos e un mes y medio de las elecciones presidenciales de febrero de 2019.
«Esto lo hicieron siempre con fines electorales. Comenzaron a registrar a muchos salvadoreños que no tuvieron ninguna participación en la guerra. Es una visión realmente bien perversa. Comenzaron a ayudar a sus compadres, a sus cheradas, a sus amigos, a registrarlos como veteranos», denunció el legislador de la bancada cian, y explicó que las incorporaciones ilegales excluyeron de recibir los beneficios sociales a personas que realmente combatieron siendo parte de las filas guerrilleras.
El martes pasado, el grupo parlamentario de Nuevas Ideas dijo que el gobierno del FMLN abandonó a ese sector de la población, y aprobó un pliego de reformas a la ley de veteranos y excombatientes para ampliar el número de beneficiarios.
A criterio de ARENA, las reformas también servirán para depurar del registro a las personas que nunca participaron en el conflicto y han recibido los beneficios sociales. La bancada cian expresó que las reformas —que fueron enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea— son en cumplimiento a las promesas de campaña que Nayib Bukele le hizo al sector de veteranos y excombatientes.
Entre las enmiendas se contempla que el instituto de veteranos —ente rector de la ley— adquiera medicina, equipos e insumos médicos y contrate a profesionales de la salud. Anteriormente solo tenía la facultad de hacer convenios con los hospitales públicos o clínicas privadas para darles atención a sus miembros y beneficiarios.
Con las reformas se mantiene el acceso a las becas de estudio para licenciaturas, maestrías y doctorados para los veteranos, excombatientes y sus hijos. También fue creada una línea de crédito de $5 millones para otorgarle préstamos al sector.
