En 2013, el Gobierno del FMLN, entonces encabezado por el ahora prófugo Mauricio Funes, entregó 11 municipios de El Salvador a las pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y la Mao Mao para que tuvieran el control total de las localidades para asesinar, extorsionar, desaparecer y amedrantar a los pobladores sin la persecución de la Policía Nacional Civil (PNC).
A los lugares elegidos por las estructuras terroristas les denominaron «municipios santuarios» y se enmarcó en la tregua que Funes entabló con las estructuras criminales a las que otorgó beneficios penales y económicos a cambio de «reducir los homicidios» y obtener favores políticos en las elecciones presidenciales de 2014 y en las municipales y legislativas de 2015.
En un comunicado, leído en Ilopango por los autodenominados mediadores del acuerdo delictivo, monseñor Fabio Colindres y el exdiputado del FMLN Raúl Mijango informaron que los pandilleros acordaron que la Policía debía perseguir el delito y no a las personas; además, exigieron que no se ejecutaran operativos masivos ni con modalidad nocturna.
Entre los municipios entregados estaba Ilopango, donde se llevó a cabo el primer acto público, en el cual terroristas, gobierno local y representantes del Ejecutivo firmaron públicamente un «acta por la paz», que marcó el inicio del establecimiento de lo que para finales de julio de 2013 era un conjunto de territorios «santuarios», entre los que estaban Santa Tecla, Quezaltepeque, Sonsonate, puerto de La Libertad, Apopa, San Vicente, Nueva Concepción, Puerto El Triunfo, Ciudad Delgado y Zacatecoluca.
Para el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, esa negociación fue otra de las políticas fallidas y desafortunadas que implementaron los gobiernos del FMLN, porque obligó a los alcaldes a someterse a los caprichos y las exigencias de las pandillas.
«Todo eso provocó que las alcaldías se contaminaran con estos delincuentes y permitió que los alcaldes cometieran abusos al vincularse con los pandilleros y sentirse respaldados por estos criminales. Incluso se dieron casos de alcaldes que proponían ellos mismos que sus municipios se convirtieran en santuarios porque se estaban garantizando su permanencia en el poder a costa de la sangre de la población y de la violencia que estos grupos ejercían para someter a las personas honradas. Pero, gracias a Dios, estamos decididos a terminar con estos grupos terroristas y a erradicarlos de nuestra sociedad», enfatizó el funcionario.
Haber negociado con las pandillas en las municipalidades llevó a varios exalcaldes a ser investigados y a otros con sentencias firmes, tal es el caso del exjefe de comuna por ARENA en Apopa Elías Hernández, quien en 2020 fue condenado a 15 años de cárcel por pactar con los grupos terroristas.
Los jueces del Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador resolvieron que se había comprobado que Hernández colaboró con las pandillas en cinco rubros: combustible, plazas en la comuna para pandilleros y sus familiares, líneas telefónicas a nombre de la alcaldía para los pandilleros, soporte de mantenimiento y mecánica para los vehículos de las maras y ayuda económica mensual para los terroristas.
Se comprobó que la ayuda fue dada por Hernández a cambio de que las maras y sus familias votaran por él en las elecciones de 2015 y así ser reelecto para un segundo período.
NEGOCIACIÓN DESCARADA
El diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro consideró que la declaración de los municipios santuarios fue descarada y evidenció que en ese entonces quienes mandaban eran los pandilleros, a tal punto que eran los mismos cabecillas presos de la 18 y de la MS los que avalaban las propuestas del Gobierno según los caprichos de los delincuentes.
Navarro criticó a Colindres y a Mijango, quienes, bajo la falsa premisa de desmontar la violencia homicida, acordaron presionar para disminuir la fuerza policial en los «santuarios» de las estructuras delictivas, que también exigieron derogar la Ley de Proscripción de Pandillas, la cual faculta a la Policía a ejecutar redadas.
«¿Cómo el Estado se le arrodillaba a un grupo de delincuentes y les pedía, a cambio de favores, que no mataran, si dar seguridad a su pueblo es una de las principales obligaciones de los gobernantes? ¿Por qué vamos a ir a ofrecerles pornofiestas, Pollo Campero, videojuegos y la payasada de los municipios santuarios para que los muchachos pandilleros no se mataran entre sí y tampoco asesinaran civiles? Entonces, ¿para qué estaban las leyes? Eran adornos. Al final iban a flexibilizarlas al antojo de unos vagos armados», afirmó Navarro.
Agregó que los municipios santuarios eran cunas de delincuentes que nunca dejaron atrás la vida delictiva y solo se veían beneficiados por funcionarios incompetentes que no tuvieron el valor de llevarlos ante la justicia.
El experto en seguridad Ricardo Sosa coincidió con el ministro y el diputado al considerar que el Gobierno de Mauricio Funes les permitió a las pandillas operar, dañar, masacrar, desaparecer a la población, extorsionarla, desplazarla forzadamente, entre otros delitos, y les permitió ingresar a operaciones de lavado de dinero para hacerse de negocios en dichos municipios.
«Además, se les brindó ayuda desde algunos gobiernos municipales, utilizaron los fondos del programa PATI, les dieron plazas en alcaldías, mientras algunos dirigentes de ese instituto político en el Gobierno desarrollaban actividades de crimen organizado y saqueaban al Estado. Se repartieron el botín las pandillas en esos territorios y el partido político en el Gobierno, siendo cómplices del daño a la población, reflejado en más de 40,000 homicidios en dos gobiernos y más de 30,000 denuncias de personas desaparecidas», expresó Sosa.
