La Corte de Cuentas de la República ha sacado a la luz la manera corrupta en la que los partidos tradicionales usaban los fondos públicos que el Gobierno trasfería a las municipalidades. En lugar de atender a los afectados por las tormentas Amanda y Cristóbal o de seguir las medidas de prevención ante la pandemia de la COVID-19, estos nueve alcaldes y sus regidores se dedicaron a darle otro uso al dinero público, incluyendo proselitismo, pago de activistas y hasta el desvío de dinero a cuentas personales.
Por eso ARENA-FMLN y sus aliados pusieron el grito en el cielo reclamando la transferencia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes). No estaban preocupados por el bienestar de los ciudadanos o por las obras que debían financiarse para resolver los problemas eternos en las comunidades, sino porque ese era el financiamiento de sus campañas electorales.
Pero, de acuerdo con los avisos que la Corte de Cuentas presentó ante la Fiscalía General de la República, no solo el Fodes era desviado para actividades ilícitas. Al parecer, cualquier fondo que ingresara a las alcaldías era tomado por las autoridades corruptas para disponer de él de cualquier forma, menos para lo que estaba destinado.
Así, vimos que nueve alcaldes que terminaron sus funciones el 30 de abril de 2021 (y que fueron sustituidos por funcionarios electos bajo la bandera de Nuevas Ideas) utilizaron el dinero que el Gobierno del presidente Nayib Bukele transfirió para atender a los afectados por las tormentas Amanda y Cristóbal para cosas como el pago de bonos o en la campaña electoral.
Lo mismo sucedió con los fondos que eran para tomar las medidas de prevención ante la llegada del coronavirus. En lugar de proteger a su población, de nueva cuenta, el dinero fue a parar a cuentas personales o sirvió para pagar acciones proselitistas.
Por ahora son nueve alcaldes —además de sus concejos— los que la Fiscalía deberá investigar conforme a los hallazgos de las auditorías. Pero no cabe ninguna duda de que la práctica estuvo mucho más extendida de lo que las auditorías llevadas a cabo bajo la supervisión de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas han hecho público. Debe de haber más funcionarios que metieron mano a los fondos para emergencias y prevención para intentar conseguir más votos o que, sencillamente, destinaron el dinero para mejorar sus estilos de vida.
Las investigaciones se deben ampliar lo suficiente para determinar que los responsables del despilfarro y del desvío de fondos públicos paguen por sus acciones.