El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó este lunes ante el Congreso una iniciativa que le permitirá reformar la ley orgánica del Ministerio Público (Fiscalía), para que la fiscal general Consuelo Porras rinda cuentas al pueblo y a sus representantes, y sea removida de su cargo, por promover la corrupción en el país.
A criterio del mandatario, en el país todavía funciona una «minoría», liderada por Porras, que abusa de su poder para amenazar, chantajear, intimidar, perseguir, incluso castigar el esfuerzo de transformación que su administración aspira. Esas «redes políticas criminales» impiden combatir la corrupción, según Arévalo.
«Es un día histórico para la defensa de nuestra democracia y el efectivo combate contra la corrupción. La fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico, y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones», afirmó el presidente desde el Congreso.
«El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya», agregó.
El Gobierno realizó una cadena nacional el domingo por la noche para adelantar la nueva decisión.
El Ejecutivo propone restablecer los parámetros que fueron establecidos en la Constitución para remover a la fiscal general y al jefe del Ministerio Público.
El presidente aclaró que con la iniciativa, la Fiscalía preserva su autonomía y asegura «un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que «nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente del poder que el pueblo y la Constitución le han confiado».
Explicó que con los cambios pretende que la institución pública «no vuelva a hacer utilizada como un arma política por ningún Gobierno. No lo haremos nosotros y buscamos que no lo hagan los gobiernos que vendrán después», señaló el mandatario.
«Sé que el mandato político en las urnas nos obliga a luchar contra la cooptación corrupta del Estado y que la remoción de Consuelo Porras del cargo de fiscal general es un paso imprescindible en esta dirección», comunicó.
Argumentó que separar a Porras del puesto es una demanda urgente de la ciudadanía.
«Diputados ustedes tienen una gran responsabilidad, esta iniciativa de ley nos permite avanzar como nación», se dirigió a los parlamentarios.
«La aprobación de esta reforma está en sus manos, tienen la oportunidad de reconocer el mandato de transformación que el pueblo de Guatemala vio en las urnas y responder al clamor de la gente», expuso.
Ante la nueva decisión, la Fiscalía presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y consideró la reforma como «acciones ilegítimas y arbitrarias».
La Fiscalía solicitó a la corte que ordene al presidente Arévalo «que se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales, y medidas financieras y presupuestarias con la que pretenda tomar el control» de la institución.
Reiteró que de acuerdo con la ley, los empleados públicos, incluida la fuerza de seguridad, «deben adecuar sus actos a la protección» de la normativa con la que se protege la institucionalidad y el estado democrático de Derecho.