En El Salvador, y al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, se protegía judicialmente a los victimarios, es decir, primaban el interés y los derechos de los delincuentes sobre las víctimas. En esa situación de desprotección en que se encontraban los ciudadanos salvadoreños no hubo un organismo regional, interamericano o internacional que condenara la conculcación al derecho fundamental e inalienable de la vida, incluso se cometían masacres, se llegó hasta incinerar en vida a los pasajeros de un autobús. “El Salvador llegó a registrar tasas de 103 y 36 homicidios por cada 100,000 habitantes entre 2015 y 2019” (Swissinfo.ch, 2023, parr. 5).
Cuando el presidente Nayib Bukele accedió al poder político en El Salvador en 2019, lo primero que hizo fue implantar el Plan Control Territorial en junio de ese mismo año. Consta de siete etapas, y hasta la fecha se han ejecutado cinco. Este plan fue elaborado y puesto en marcha por salvadoreños sin recibir asesoría de consultores extranjeros, tampoco de Gobiernos ni de organismos internacionales, significa que es made in El Salvador al 100 %.
El Salvador, después de ser el país más violento del mundo, puesto que había más muertos diarios que en países que estaban en guerra, se ha convertido en el Estado más seguro de Latinoamérica, incluso que Estados Unidos y Canadá. Eliminar los asaltos, robos, las extorsiones, los asesinatos, las violaciones, masacres, etcétera, ha permitido alcanzar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, asimismo, una motivación para la inversión nacional y extranjera, se ha producido un aumento en el emprendimiento y en el turismo, provocando una dinamización en la economía.
La eficiencia y la eficacia de la guerra contra el terrorismo y la delincuencia se producen como resultado del liderazgo del presidente Nayib Bukele.
