Si la oposición hubiera ganado la mayoría en la Asamblea Legislativa, todas sus acciones estarían legitimadas, porque precisamente los ciudadanos le habrían dado el respaldo y la misión de actuar conforme con lo prometido en campaña, que era sentar postura contra el Gobierno del presidente Nayib Bukele. No hay que ser adivino para saber qué hubiera pasado si ARENA y el FMLN hubieran obtenido la mayoría legislativa en las últimas elecciones: bloqueo total a las iniciativas del Ejecutivo, ahogamiento financiero y sumisión a los intereses corporativos, como se vio en los dos últimos años.
Antes de eso, ARENA y el FMLN, cuando ganaron las elecciones presidenciales, construyeron mayorías legislativas de manera artificial, es decir, no con base en los votos que los ciudadanos les dieron a ellos y a sus aliados en las urnas, sino por medio de componendas, maletines negros, titularidad en las instituciones y plazas. Ambos institutos políticos gobernaron con mayoría parlamentaria gracias a esos negocios oscuros. En cambio, Nuevas Ideas obtuvo 56 diputados, la mayoría calificada, gracias al apoyo de los salvadoreños en una votación que incluso superó la cantidad de los sufragios recibidos por el presidente Bukele.
Debido a las alianzas construidas sobre la base de la corrupción, tuvimos una ley de dolarización aprobada con dispensa de trámite, además de elecciones de funcionarios, leyes para todos los ámbitos y una extensa variedad de temas que no pasaron por los requisitos mínimos de deliberación entre la mayoría, pero que ahora, de manera radical, se le exigen a la nueva Asamblea.
En todo caso, en cualquier lugar del mundo las mayorías existen para ejercer el poder, y se hace de acuerdo con la proporcionalidad y fuerza que los ciudadanos les encomiendan a los políticos.
Un partido no puede renunciar al mandato imperativo recibido de la población. Está obligado a ejercer el poder de manera responsable y de acuerdo con la fuerza que la sociedad le ha dado. El mandato en las urnas es claro: destruir el modelo antiguo y corrupto y poner a El Salvador rumbo al progreso y al desarrollo. No se puede construir un nuevo país sobre los cimientos de un sistema que ya demostró que no es eficaz y que se dedica a favorecer a una pequeña minoría. Por respeto al soberano, los diputados no pueden ser tibios ni dedicarse a «negociar» con los personajes que comandaron el saqueo.