Según las enciclopedias de humanidades, un país desarrollado, en general, es un país que posee un alto nivel de vida (un alto desarrollo humano). Uno de los indicadores más usados para considerar a un país como «desarrollado» es el índice de desarrollo humano (IDH), que toma en cuenta la riqueza, la educación y la sanidad. Otro indicador que predomina frente a la definición de países desarrollados es lo que el Fondo Monetario Internacional determina como país en proceso real de desarrollo por sus arcas, su solvencia económica y presencia en los mercados de valores. Pero nuestro interés en esta nota es evidenciar los valores reales y objetivos que deben determinar su presencia en el progreso y sus permanentes avances en la consecución de un estatus digno. Llamando «progreso» al desarrollo humano y cultural obtenido en la competencia permanente. Todavía nuestros países no están cerca de esos índices en educación, sanidad, economía…
Nuestro presidente, Nayib Bukele, ha propuesto, desde el primer momento que se planteó llegar a dirigir los destinos de El Salvador, convertir nuestro país en uno desarrollado. Luego de un análisis retrospectivo, objetivo, realista, una vez en la presidencia llegó a la conclusión no solo él, sino cualquier personaje sensato y dispuesto a lograr las transformaciones necesarias para El Salvador, que nada sería posible hacer, crear o cambiar si no se lograba como primera acción la seguridad ciudadana. Si no se eliminaba ese monstruo delincuencial que habían dejado crecer y hasta convertir en algunos casos frentes de decisión administrativa, política y económica, nada se podría mejorar.
Así que se planteó como prioridad inmediata e inaplazable la nueva libertad de El Salvador. Si se quiere, la verdadera independencia, de manera que las políticas propuestas, las posibilidades de progreso, de bienestar para nuestro pueblo, dependían de erradicar la violencia, el terrorismo, política que a cuatro años sigue siendo tema de acción para el Gobierno, porque no es posible erradicar esos flagelos, la verdad, ni en cinco años. Tienen poderosas raíces de toda índole, política, social, económica, que requieren de un buen tiempo para extirparlas, crear una nueva generación, que justamente es a lo que le apuesta hoy el pueblo cuando le da al Gobierno gran apoyo irrestricto a su gestión y vota para que tenga la oportunidad de seguir adelante con ese proceso de limpieza y restructuración, reformas de todas las bases sociales, sin que exista el temor de resurgimiento de aquellos factores antisociales.
El régimen de excepción, una medida a tomar para evitar la manipulación de los medios y entes comprometidos con esos sectores. «12 meses de una medida de seguridad para proteger a la población. Durante un año, esta herramienta ha permitido a los salvadoreños transitar libremente por las comunidades, barrios y ciudades del país, sin el temor a ser víctimas de atentados».
Nada agradable para un país tener que implementar semejantes medidas represivas contenidas en nuestra Constitución, pero el problema delincuencial tampoco dejaría posibilidades de resolverse sin este régimen por esos profundos nexos con las instituciones y personalidades políticas y de toda índole que amparaban esa situación. Solo mediante esa medida se podría actuar ante la impunidad. Su aplicación tiene sus bemoles, fallas, dificultades institucionales, como todo proyecto, y sobre todo este, que implica la transformación de un país después de varias centurias bajo la opresión, el saqueo y la explotación sin misericordia de gobernantes de toda clase y colores.
De allí que, ante la aceptación de las grandes mayorías del pueblo salvadoreño de esta política, la nueva libertad que nos propone esta gestión gubernamental, se vuelve necesaria la continuidad de sus proyectos de cambio y adecentamiento de los organismos del Estado, con una agenda aún muy ambiciosa de solucionar y superar nuestros grandes problemas de oscurantismo y corrupción política, de atraso en casi todas las manifestaciones culturales por culpa de ese permanente golpe al pueblo negándole sus derechos a progresar sin los atavismos de la demagogia y la insensatez de sus gobernantes.
