Al discutir sobre la justicia, la obra de John Rawls «Teoría de la justicia» se pone sobre la mesa, ya que brinda un avance importante en la teoría política y, sobre todo, de una discusión elemental para comprender los sistemas políticos y el devenir de los contratos sociales establecidos que, de manera particular, habrían obviado en buena parte el sentido de la justicia.
En El Salvador, el sentido de la justicia ha sido sobrepasado y roto en diversos momentos. Por años, la justicia ha sido desigual, tanto así que la famosa frase célebre «róbese una gallina y va preso, pero róbese un millón y le damos un premio» literalmente se ha cumplido.
Las caducas instituciones que imparten justicia, al igual que los demás órganos e instituciones del Estado, se han mantenido secuestradas por los grupos de poder corporativos, quienes a sus anchas han hecho y desecho sobre la justicia, distribuyéndola solamente para quienes pueden comprarla, pero para la mayoría de la población no ha existido la justicia.
El martes 31 de agosto, la Asamblea Legislativa dio un giro necesario para el sistema de justicia del país, porque al fin estamos poniendo sobre la mesa los problemas de inequidad y acceso a la justicia, y tomando una responsabilidad histórica por regresarle al pueblo la esperanza de obtener lo que tanto ha anhelado.
No es fácil, por supuesto, hacerlo, porque todo el aparato ideológico que soporta el régimen agonizante de la posguerra sigue confabulando y uniéndose como en santa cruzada por detener este proceso de la gran transformación y está vociferando de forma desesperada por un sistema de justicia que a ultranza profundizó las desigualdades de un país empobrecido y, además, vituperado por la carencia de una equidad capaz de escuchar el clamor de los más desposeídos.
Solo con recordar el caso del magistrado Escalante, donde sus «homólogos» lo defendieron hasta decir que su falta fue moral y no judicial, lo que muestra la forma en que se encubrieron; sin embargo, ahora las voces desde la oposición dicen: «Solo el Órgano Judicial se puede depurar a sí mismo». Pues no. Están totalmente equivocados, porque el sentido de la justicia descansa en el pueblo y como diputados representantes del pueblo tenemos la facultad, según la Constitución de la República, de operar en función de buscar la ansiada justicia.
El problema real, ahora, es seguir profundizando esto, y, por supuesto, para ello falta camino del cual no tememos para seguir adelante, a pesar de que el agonizante aparato ideológico del régimen posguerra seguirá creando una atmósfera turbulenta, pero debemos dejarle claro al pueblo que nuestra lucha es para que nunca más una niña o un niño se vean amenazados ante un depredador de cuello blanco y que ningún corrupto se escape fácilmente de la justicia. Buscamos el sentido para la justicia de la mano del pueblo.
