Corrupción, ineficiencia y de poseer recursos insuficientes para la implementación y cumplimiento de las leyes ha sido la queja año tras año del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Informe de Derechos Humanos hacia el sistema judicial salvadoreño desde el 2014 a 2020. Sin embargo, tras la reciente aprobación de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Ley Orgánica de la Fiscalía General, algunos congresistas de la nación norteamericana reclaman por los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa y que buscan depurar a los jueces.
«La corrupción considerable del sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo cual socavó el estado de derecho y el respeto del público por la judicatura», es la conclusión repetitiva que se lee en los informes analizados en el referido periodo.
Las reformas aprobadas recientemente en el pleno legislativo pretenden regular los ingresos, traslados y la cesación de los jueces y magistrados de las cámaras que pasan de los 60 años de edad o que tienen 30 años de ejercer en el poder judicial, y quienes históricamente ha sido criticados porque algunos de sus colaboradores actuaron bajo presiones de terceros o bajo conveniencias personales.
A lo largo de la historia, el sistema judicial salvadoreño ha sido salpicado por condenas de jueces que recibieron dinero para beneficiar a delincuentes, de fabricar pruebas para favorecer a terceros, de estar inmersos en delitos sexuales, y hasta ser señalados de enriquecimiento ilícito, como fue el caso de Agustín García Calderón, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
«La corrupción considerable del sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo que socavó el estado de derecho y el respeto del público por el poder judicial», se lee en el informe de 2014 y se concluye eso debido a hasta septiembre de ese año la Fiscalía General de la República (FGR) solo reportó 3,898 condenas en 28,324 casos juzgados.
Para la elaboración de los informes, el Departamento de Estado utiliza información de embajadas y consulados de los EE. UU., funcionarios de gobiernos en el exterior, organizaciones no gubernamentales e internacionales, juristas y expertos en derecho, periodistas, académicos, activistas laborales e informes publicados.
En 2015 el documento concluyó nuevamente que la corrupción considerable del sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo cual socavó el estado de derecho y el respeto del público por la judicatura.
562 JUECES INVESTIGADOS Y MUY POCOS DEPURADOS
Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2016, la CSJ estudió 201 casos en contra de jueces por irregularidades, destituyó a cuatro, suspendió a otros 10 y presentó cargos formales contra 63. «La corrupción considerable del sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo cual socavó el estado de derecho y el respeto del público por la judicatura», afirmó otra vez en ese año, agregó que «si bien la constitución dispone la independencia del poder judicial, este se vio afectado por la ineficiencia y la corrupción».
En su informe de 2017, destacaron que al 31 de julio la CSJ había iniciado 148 causas contra jueces debido a irregularidades, 117 de los cuales permanecían en estudio; destituyeron a seis jueces; y sus suspendieron a 19, además presentaron cargos formales contra 28, entre las acusaciones figuraron la connivencia con elementos delictivos y el acoso sexual.
Mientras que al 31 de agosto de 2018 la Corte Suprema juzgó 57 causas contra jueces por irregularidades, 52 de las cuales permanecían en estudio; destituyó a dos; suspendió a nueve; y presentó cargos formales contra ocho por connivencia con elementos delictivos y el acoso sexual.
Al 31 de agosto de 2019, la CSJ juzgó 110 casos contra jueces por irregularidades (57 de los cuales seguían siendo objeto de estudio), sancionó a cuatro y presentó cargos formales contra seis jueces por la confabulación con elementos delictivos y el acoso sexual.
En el último informe al 30 de junio de 2020, destacaron las 46 denuncias que la CSJ recibió por irregularidades de jueces de las cuales 41 seguían en revisión; en ese periodo sancionaron a uno y entre las acusaciones estaban la confabulación con elementos delictivos y acoso sexual.
Del 2017 al 2020 el Departamento de Estado concluyó anualmente que «la corrupción en el sistema judicial contribuyó al alto nivel de impunidad y puso en peligro el estado de derecho y el respeto del público a la judicatura».
No obstante, ahora que la Asamblea Legislativa ha dado el paso para sanear parte de ese «sistema corrupto», así llamado por EE. UU., es cuando congresistas como Norma Torres aseguran que El Salvador dio otro salto drástico hacia la socavación del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, la obstrucción de casos significativos y la politización de la justicia».
JUECES CONDENADOS O PROCESADOS
Ex jueces Enrique Beltrán, José Rodolfo Castillo y Jorge González Guzmán
Los tres jueces especializados de Sentencia y de Instrucción de San Miguel fueron condenados en 2017 a penas de entre 4 a 19 años de cárcel tras comprobárseles que recibieron dinero para beneficiar a delincuentes. Cometieron delitos de cohecho propio e impropio [recibir sobornos].
Agustín García Calderón, expresidente de la CSJ
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón y su esposa, Gloria Natividad Valdés de García, fueron investigados por supuesto enriquecimiento ilícito de $240,863.77. García Calderón, fue presidente del Órgano Judicial entre los años 2000-2009. El reporte FGR detalla que García Calderón, se enriqueció indebidamente con $230,863.77.
Ex magistrado Eduardo Jaime Escalante
Este magistrado es procesado por el delito de de agresión sexual en menor e incapaz.El caso data de febrero de 2019, cuando el magistrado hizo tocamientos indecorosos a la víctima en la residencial Altavista II, Tonacatepeque. La investigación detalla que el acusado llegó donde la menor, que jugaba con un amigo, la tomó de hombros y la habría manoseado.
Exjuez Romeo Aurora Giammattei
Llamadas telefónicas inculparon al exjuez noveno de Paz, de ser quien fabricaba pruebas para beneficiar al empresario Enrique Rais y perjudicar a un tercero frente a los tribunales con pruebas falsas, todo con el consentimiento del exfiscal general, Luis Martínez, según la Fiscalía. En un allanamiento en una residencia de Mauricio Funes, la Fiscalía encontró un arma a nombre del exjuez Giammattei, lo que valió para procesarlo por el delito de tráfico de armas. Es prófugo.
