El Salvador creó su actual administración territorial para favorecer intereses de los grupos económicos de antaño, y esa distribución aún se mantiene por cuestiones políticas y de poder, a pesar de que existe desde hace más de una década un estudio técnico que recomendó la reducción del número de municipios del país.
Dagoberto Gutiérrez, analista político e intelectual académico, rememoró cómo se gestó la organización territorial de El Salvador, que actualmente está dividido en 14 departamentos, en cuyos territorios están diseminados los 262 municipios.
«Eso [la actual organización de los municipios] responde a un momento histórico en el que había feudos. En La Unión, por ejemplo, que era lejísimo de San Salvador, había un grupo de poder al que fue necesario hacerle un departamento chiquito», dijo Gutiérrez en la reciente entrevista Debate TCS.
Luego agregó: «Cualquier paso que se quiera dar hacia adelante ha de empezar por recuperar el aparato del Estado. A partir de eso viene la recuperación y la reorganización de nuestro Estado».
El presidente de la república, Nayib Bukele, planteó a finales del año pasado la reorganización del territorio salvadoreño en 50 municipios, como máximo.
«El Salvador debería estar dividido en 50 municipios como máximo. Es absurdo que 21,000 km² estén divididos en 262 alcaldías», escribió Bukele en Twitter.
En relación con este tema, el exdiputado de la Asamblea Legislativa Mauricio Rodríguez denunció que las otroras principales fuerzas políticas impidieron que este tema —al que hace referencia el presidente Bukele— avanzara, a pesar de que los gobiernos de turno tuvieron a la mano el estudio que recomendaba la reducción de la cantidad de municipios.
«En aquel momento tanto ARENA como el FMLN hicieron sus pulsos electorales. Ellos tenían marcada la parte territorial y entonces en ese momento consideraron que no era prudente», explicó Rodríguez, también analista político.
Ponderó que con una nueva organización territorial «se evitarían las dispersiones que existen en este momento, el continuar subvencionando a municipios con poca recaudación tributaria y se le estaría dando modernización al Estado».
La diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa, Elisa Rosales —luego de acuerpar la postura del jefe de Estado—, recordó que el artículo 19 del Código Municipal faculta a ese Órgano del Estado crear, fusionar e incorporar los municipios.
Asimismo, la citada normativa en el artículo 23 establece: «En los casos de creación de un municipio por separación de una parte de otro existente, o de extinción de un municipio por incorporación a otro u otros, la Asamblea Legislativa determinará todo lo referente a los bienes, derechos y obligaciones de los municipios afectados».
Ricardo Sosa, analista y experto en criminología, victimología y seguridad, aseguró que al estudiar y revisar la distribución territorial, la población, la economía, los indicadores de pobreza y de desarrollo social se encuentra una gran incongruencia en la distribución de los municipios.
«Siempre los aspectos políticos, electoreros y de llegar o sostener el poder impidieron, que, a pesar de estudios, al menos se desarrollara un ejercicio para explorar las posibilidades», lamentó.
Sosa vaticinó que en materia de seguridad pública y ciudadana este nuevo reordenamiento de municipios ayudará a fortalecer y coordinar mejor el trabajo territorial de la Policía Nacional Civil (PNC) con las autoridades locales.
«La Policía estará más cercana a la población, habrá un uso más eficiente de los recursos, se mejorarán los patrullajes preventivos y habrá también una mejor coordinación en el territorio al tratar con un solo alcalde», destacó Sosa.
El analista político René Martínez aseguró que una reducción de municipios ayudará al país a tener eficiencia y eficacia, a modernizar el Estado y que los recursos económicos públicos sean manejados con responsabilidad y que ya no sean utilizados en la contratación de activistas políticos en el interior de las comunas, como ocurrió en los gobiernos municipales de ARENA y el FMLN.
«La reducción de alcaldías municipales trae un ahorro al presupuesto. Las alcaldías ya no tendrán activistas y el Fodes ya no servirá de caja chica, pues con este se pagaba la próxima [campaña] de elección», destacó Martínez.
El analista lamentó que por aspectos políticos los anteriores gobiernos y legislaturas no tomaron con seriedad los estudios técnicos. «Les convenía más tener esa cantidad de municipios que se repartían. Las leyes de ordenamiento territorial quedaron en papel por la misma corrupción de la Asamblea y sus turbios tratos», criticó el analista.