Hace unos años era frecuente conocer que personas intentaban introducir celulares, chips, joyas, objetos cortopunzantes u otros instrumentos prohibidos a los centros penitenciarios, o incluso había autoridades que ayudaban a introducirlos, sin embargo, las medidas estrictas de seguridad que se han implementado en los últimos años han permitido una significativa reducción de estas acciones.
En los últimos dos años, hubo una reducción del 67% de tráfico de objetos prohibidos en los centros penitenciarios, según las estadísticas de la Fiscalía General de la República. Desde 2018 hasta el 10 de agosto de este año hay 777 personas que enfrentan la justicia por dicho delito contemplado en el artículo 338 del Código Penal.
Uno de los casos emblemáticos de tráfico de objetos prohibidos sucedió en noviembre del año pasado. Las autoridades dijeron que dos policías enfrentan un proceso judicial por permitir el ingreso de celulares y accesorios electrónicos en las bartolinas de San Marcos, San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, los agentes favorecieron a los detenidos al entregarles los teléfonos que utilizaban para planificar crímenes. «Los objetos estaban escondidos en caletas, dentro de las bartolinas», explicó la Fiscalía.
Solo para el 2018, el ministerio público registra 353 casos de personas que ingresaron objetos prohibidos a las cárceles, seguido de 247 para el año siguiente. El año pasado las cifras de denuncias comenzaron a reflejar una drástica reducción de 133 casos, y de enero a agosto de este año van solo 44 denuncias. Por dicho delito, la Fiscalía ha procesado a 366 hombres y 145 mujeres.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, ha reiterado en varias ocasiones que el sistema carcelario del país pasó por años entregado a las pandillas durante los gobiernos del FMLN y ARENA. El titular de Penales dice que con la denominada «tregua» entre pandillas, que avaló el gobierno corrupto de Mauricio Funes, le fue entregado todo el control del sistema carcelario a las pandillas, y los criminales gozaban de privilegios como tener televisores y organizar fiestas.
«El control único que había era el de las pandillas, los gobiernos de ARENA y el FMLN entregaron penales completos a las pandillas, el pueblo salvadoreño sabe lo que sucedía, todos los ilícitos que ingresaban, las fiestas pornográficas en ambos gobiernos», mencionó Luna.
Las estadísticas de la Fiscalía detallan que, en San Salvador, San Miguel y Santa Ana es donde más denuncias se han registrado por tráfico de objetos prohibidos en los últimos 44 meses, en dichos departamentos están el Penal La Esperanza, conocido como Mariona y Cárcel de mujeres; el penal de Ciudad Barrios; y el penal de Santa Ana, respectivamente.
En los últimos 3 años y medio el ministerio público registra 304 intentos de tráfico de objetos prohibidos en la capital, seguido de 114 denuncias en Santa Ana y 103 en San Miguel.
Mayor seguridad en penales
La actual administración ha implementado un control más estricto en los penales para que no se sigan dando este tipo de delitos. La Dirección General de Centros Penales (DGCP) trabaja en conjunto con la PNC para mantener el control en todos los centros penales del país, lo cual incluyen inspecciones para verificar que no haya ingreso de materiales prohibidos.
El gabinete de seguridad ha señalado la importancia de mantener el control de los reclusos y promover el trabajo para la reinserción social.
Uno de los proyectos insignia de la actual administración es el Plan Cero Ocio, creado para que el 100% de los reos que se encuentran en los diferentes centros penitenciarios a escala nacional lleven a cabo trabajos de utilidad para las comunidades y para que eviten el ocio carcelario.
El Plan Cero Ocio contempla los reclusos se mantengan activos, tanto dentro como fuera de la cárcel durante el tiempo de su condena, bajo lineamientos de orden, control y disciplina.