Los diputados salientes de la Asamblea quieren pasar a la historia por ser los funcionarios que más han buscado beneficiarse de los fondos públicos, al querer adelantar el pago de un ya cuestionado bono de medio año a este mes, justo antes de abandonar el órgano de Estado.
Barridos del mapa político por un pueblo que se cansó de sus abusos, los diputados ahora quieren salir, junto con sus activistas, con dinero público bajo el brazo como culminación de su ominoso paso por el congreso.
Arropados en que se trata de un beneficio para los empleados legislativos, los diputados decidieron crear dos salarios extra para agradecer a sus simpatizantes contratados, además de favorecer a las plazas fantasma y a todo el abuso que hay alrededor de este fenómeno. En realidad, estos dos bonos son parte de los beneficios que los diputados se recetaron, además del seguro médico y de vida privado que tenían en el parlamento —que también se prestó para irregularidades como las sonadas cirugías estéticas de diputados y de selectos empleados parlamentarios, encubiertas como intervenciones médicas, o la incorporación de parientes como asesores para estar «cubiertos» por ese seguro que incluso era válido en el extranjero y que costaba miles de dólares por cada beneficiario—.
Todavía estamos pendientes de la investigación que está desarrollando la Fiscalía General de la República (FGR) por el tema de las plazas fantasma. El ministerio público se llevó una gran cantidad de documentación cuando allanó las oficinas de los diputados salientes de todas las bancadas parlamentarias, pero todavía no ha dado un informe de los hallazgos, y apenas falta poco más de dos semanas para que los actuales funcionarios dejen sus cargos y traten de evadir sus responsabilidades administrativas.
Adelantar el cobro de un bono que no debería existir expresa la naturaleza depredadora de los diputados salientes, al igual que repartirse entre ARENA y el FMLN a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Ambas son caras de la misma moneda, la utilizada para aprovechar los fondos públicos en beneficio personal y de grupos de interés.
En los días que faltan para que asuma la nueva Asamblea Legislativa, cada vez se verán más estas maniobras para tratar de llevarse hasta lo último. Por eso se hace necesaria una auditoría cuando lleguen las autoridades electas el 28 de febrero, para confirmar que incluso esté completo el mobiliario y los bienes parlamentarios.