A diario, hasta las cinco oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) distribuidas en el departamento de San Salvador llegan un promedio de 32 personas para denunciar ilícitos como amenazas, lesiones culposas, lesiones, hurtos comunes y estafas, todos considerados por la FGR como el «Top 5 de los delitos» más denunciados por los capitalinos en los últimos dos años y medio.
«De acuerdo a la información de la dirección de análisis de la Fiscalía, nosotros como dirección de San Salvador que conforma los municipios de las oficinas fiscales de Soyapango, San Marcos, Mejicanos, Apopa y San Salvador identificamos estos cinco delitos como los más frecuentes por los que abrimos una investigación de carácter penal», informó la fiscal Elvira Arévalo, a cargo de la Dirección de la defensa de los intereses de la sociedad zona San Salvador.
Según las estadísticas de la FGR, del 1 de enero de 2019 hasta el 12 de julio de 2021 han recibido 29,810 denuncias por esos cinco delitos, de estas, 8,529 han sido por el delito de amenazas; 7,808 por lesiones culposas; un total de 4,821 por lesiones; 4,506 por hurtos comunes y 4,146 han sido por estafas.
«Los primeros tres delitos desde 2019 hasta la fecha mantienen el mismo orden, en las estafas y hurtos comunes encontramos una variante ya que se han ido intercalando el puesto cuatro y cinco en los últimos dos años y medio», explicó la fiscal.
Agregó que las condenas en estos tipos de delitos son de tres años de prisión, «estos delitos están catalogados en el Código Penal como menos graves, es decir, aquellos que no sobrepasan los tres años de prisión», indicó Arévalo.
Sin embargo, aclaró que este tipo de delitos también pueden cambiar su consideración a graves dependiendo algunas circunstancias, lo que va aumentando las penas de prisión para los delincuentes.
AMENAZAS
«Una amenaza requiere un proceso de investigación y dentro de ese proceso la persona que ha denunciado los daños debe de autorizar a la Fiscalía para que pueda ir a ejercer la acción penal, si la persona que ha recibido la amenaza no nos autoriza, como fiscalía estamos impedidos para poder presentar el caso o formularles cargos a las personas a la que se ha acusado», señaló.
Añadió que en estos casos se tardan un aproximado de seis meses para realizar las diligencias suficientes para presentar el caso ante el juez por el delito de amenazas.
Por amenazas y violencia intrafamiliar fue condenado, el 19 de octubre de 2020, Óscar Daniel Martínez Posada un exagente de la Policía quien fue denunciado por su compañera de vida por agredirla en la bocana San Diego, en el Puerto de La Libertad.
La Fiscalía detalló que las agresiones se dieron entre el 2016 y 2018, «la víctima no procedía a denunciar debido a que el individuo la amenazaba con asesinarla con su arma de equipo si contaba lo que sufría en su hogar», apuntó una fuente fiscal.
Martínez Posada fue acusado por los delitos de violencia intrafamiliar y amenazas agravadas, recibiendo una condena de cuatro años, uno por la violencia y tres por las amenazas.
LESIONES CULPOSAS Y LESIONES
El delito de lesiones culposas por responsabilidad médica fue cometido por un doctor y dos enfermeras en el hospital del ISSS de la colonia Amatepec en Soyapango.
Los profesionales de la Salud fueron denunciados por una mujer a quien le realizaron, el 4 de octubre de 2017, una operación de apendicitis, pero, por negligencia, le dejaron una compresa en el interior del abdomen.
«Los responsables le dieron el alta al día siguiente y la víctima comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal, mareos y vómito, lo que le hace pasar de nuevo consulta en el hospital de Sensuntepeque, donde le practicaron una radiografía y le observan el objeto extraño. Es remitida de nuevo al Amatepec y le extraen la compresa. Sin embargo, ya estaba infectada, llena de pus y la víctima cae en coma por 12 días. Al salir del coma, la víctima sufre secuelas físicas», señaló una fuente fiscal.
Por los actos cometidos, el 16 de marzo de 2021, el juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador decretó una condena de tres años de prisión y dos años de suspensión para ejercer la profesión para los acusados Guillermo Napoleón Araya Flores, médico cirujano; Matilde Carmelina Torres Trujillo, enfermera instrumentalista y Carolina Isabel Ibarra Marroquín, enfermera circular.
En este caso, según la fiscal Arévalo, la condena pudo ser mayor, «en los delitos de lesiones también existen agravantes de infracciones penales, en ellas responde a la cantidad de días que va a pasar incapacitada la víctima o la persona que ha recibido la lesión, en este caso puede superar los tres años», indicó.
ESTAFA Y HURTO COMÚN
«En los delitos de estafa tenemos una variante que son clasificados como graves dependiendo algunas circunstancias, igual el de hurto si ya vemos alguna condición que agrava la conducta del imputado sobrepasa la pena de tres años. En el caso del hurto, cuando se realiza por más de una persona la pena es mayor a los tres años. Si hablamos de la estafa podemos considerar como agravante, si el objeto sobre el cual sobre cae la estafa deja en condiciones precarias a la víctima», apuntó Arévalo.
El pasado 9 de julio el ingeniero Ricardo Alberto Barrera Alemán y el abogado César Rolando García Herrera, fueron condenados a cuatro años con seis meses de prisión por el delito de estafa en perjuicio del Estado.
En el mismo fallo, el Tribunal absolvió a otros nueve acusados, entre los que figura el exministro de Salud, Guillermo Maza.
«La Fiscalía estableció que la empresa CPK Consultores, realmente estafó al Estado. El abogado era apoderado de la sociedad quien certificó una serie de créditos fiscales que sirvieron de engaño para que el Ministerio de Salud erogara fondos. El otro es un ingeniero que participó en la obra en la que insertó información falsa en las estimaciones que coadyuvaron a que se diera la estafa», detalló el fiscal del caso.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los implicados habrían estafado al Estado por 2.8 millones de dólares al entregar dos obras incompletas. $1,754,000 en el hospital San Pedro de Usulután y $1,052,000 en el Santa Gertrudis de San Vicente.
«A la sede fiscal de San Salvador es donde llegan más del 50% de este tipo de denuncias, las otras cuatro oficinas fiscales [Soyapango, Mejicanos, Apopa y San Marcos] reciben menos del 25% cada una»
Fiscal Elvira Arévalo.