Estados Unidos vive una crisis política y social ante el rechazo por la deportación masiva de haitianos, luego de intentar cruzar la frontera en busca de asilo, así como por el trato «inhumano, ilegal e indigno» que recibieron de parte de la Patrulla Fronteriza, y que fue señalado no solo por líderes y organizaciones en defensa de los derechos humanos en el mundo, sino por sus propios funcionarios y que, incluso, renunciaron a sus cargos.
Para la directora asociada de programas de Alianza Américas, Helena Olea, estas acciones, sujetas al Título 42 como política de salud con la idea de evitar más los contagios por la COVID-19, representan una inconsistencia de la Administración de Joe Biden por imponer medidas «cosméticas» tras las agresiones a los haitianos y no tratar el problema de fondo como cuál es el entrenamiento de la Patrulla Fronteriza para detener a las personas.
El juez federal Emmet Sullivan quiso poner fin al Título 42; sin embargo, la administración de Joe Biden apeló al fallo y logró que la política continuara en vigencia. ¿Qué representa esta acción cuando el Gobierno dice estar con los inmigrantes?
Lo que refleja es que la administración Biden quiere mantener la frontera cerrada para los solicitantes de asilo aún cuando anuncian que se va a reabrir la frontera terrestre con Canadá y México para el turismo, más claro imposible. Lo que no quieren es dejar entrar a las personas que necesitan protección internacional, Estados Unidos lleva 18 meses desconociendo sus obligaciones internacionales.
Eso de crear una excepción para los niños no acompañados o para un número muy pequeño de familia con niños, es insuficiente e inaceptable.
El Gobierno intenta defender la política del Título 42, que en teoría es una decisión del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés). Por supuesto la pregunta que sigue es ¿por qué si entran los turistas no pueden ingresar los que necesitan protección internacional? Indica que la política no es consistente y también en el fondo refleja que hay una preocupación de la Administración por frenar el ingreso de personas por la frontera sur.
Es importante recordar que desde la campaña, cuando Biden era candidato, nunca se refirió a eliminar el Título 42, como Alianza Américas, desde que comenzó el año cuando expusimos lo que esperábamos ver, pedimos que se levantara la política; sin embargo, lo que vemos es que el Gobierno mantiene la frontera cerrada.
En este marco intervino la Patrulla Fronteriza para detener la migración masiva de haitianos, pero que fue criticada por su intervención a caballo y con látigo.

Es interesante cómo una imagen se vuelve mediática y atrae la atención de las redes sociales, pero es una invitación a una reflexión profunda de varios niveles: ¿Cómo hace el trabajo la Patrulla Fronteriza? y ¿Cómo trata a las personas a las que intercepta y detiene en la frontera?. Esto fue el contexto de una operación en particular en la que se divulgaron estas imágenes, pero, ¿qué es todo lo que nosotros no vemos?
Respuestas inmediatas como abandonar el uso de patrullas en caballo en Del Río son medidas cosméticas que no están atendiendo el problema de fondo y el cuál está vinculado a cuestionarse ¿cuál es el entrenamiento que recibe la Patrulla Fronteriza?
Hay preocupación por la situación haitiana, ojalá esto en Estados Unidos sea un despertar efectivo y profundo en términos del racismo sistémico que existe en el país.
Esta discriminación es racial y étnica, las personas provenientes de América Latina, sobre todo de México y de Centroamérica que son las dos poblaciones con número más altos que ingresan por esa frontera, reciben este trato todos los días.
Es bueno poner la atención en Haití, su situación es difícil por los sucesos de hace décadas, no obstante, así como nadie debería ser deportado a Haití, hay otros países a los que tampoco nadie debería ser expulsado.
El ejemplo de Haití permite graficar que el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) es una opción útil, pero que debería estar acompañada de otras alternativas para las personas que ingresan. El TPS se queda corto y si algo nos ha enseñado la política migratoria, es que hay que crear opciones para un tránsito hacia la residencia permanente.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, está construyendo un muro para frenar la migración irregular e incluso dijo que podía emplear a agentes despedidos por el maltrato a haitianos. ¿Qué puede hacer la Administración?
Las acciones del Gobernador Abbott demuestran dónde se pone el límite entre la autonomía que tienen los estados y dónde llega la capacidad de acción de la Federación. Para las personas que venimos de países con sistemas centralistas nos hace mucho ruido que los gobernadores tengan tanto poder. Decimos: aquí hay un problema.
Parte de las acciones que está impulsando el gobernador tienen claros fines electorales, son propaganda política.
Hay otras acciones en las que está destinando recursos y está poniendo o tensionando mucho este equilibrio entre ambas partes, posiblemente vamos a ver el próximo año decisiones de la Corte Suprema en esta materia, será interesante ver cómo se resuelve.
El construir un muro cuando la decisión del Gobierno ha sido contraria indica que está tratando de decir: nosotros podemos hacer lo que queremos, a ver cómo nos van a parar. Es así como un juego de ajedrez.
El uso del Título 42 hizo que dimitiera Harold Koh, asesor de alta jerarquía en el equipo legal del Departamento de Estado, y el maltrato a los haitianos, la renuncia de Daniel Foote, enviado especial. ¿Qué representa?
Son un llamado a expresar el rechazo de las políticas de la Administración Biden que deberían ser escuchadas. Son el reflejo que hay sectores dentro del Gobierno que entienden que la decisión de mantener la frontera cerrada y que la expulsión de las personas haitianas inducen el incumplimiento grave de Estados Unidos a obligaciones internacionales en materia de refugio y que están, además, impactando en un país que se encuentra en condiciones de fragilidad económica, política y social.
Estas decisiones reflejan que el Gobierno está teniendo políticas de la Administración de Donald Trump y que no tiene un compromiso sincero de proteger a las personas que no pueden continuar en su país, ya sea por la violencia o la pobreza.
Ninguna persona debería ser deportada a Haití en este momento, la frontera debería estar abierta para todas las personas que quieren pedir asilo. Hay mucha atención a la situación en Haití, pero es igual de grave la deportación a territorio mexicano a Centroamérica. La tensión debería estar puesta en ver una política de manera integral. Todo eso debería generar el mismo nivel de rechazo y condena.
Para algunos líderes de la sociedad civil el problema de las autoridades estadounidenses es que ven la migración como una amenaza para la seguridad. ¿Cuál es su opinión?
Nosotros estamos trabajando para que se reconozca que la migración no es un problema, no representa una carga, no es una amenaza a la seguridad de los países, sino una bendición para las sociedades.
Somos parte de garantizar que la economía funcione en un país, hacemos aportes culturales, aportes sociales y a la vez enviamos remesas que ayudan a nuestros países de origen a que se muevan sus economías, es por ello, que la migración debería reconocerse como esa contribución positiva.
Debería haber vías para la regularización migratoria, que todas las personas tengan un permiso para trabajar, esto trae beneficio al país en el que están viviendo, donde van a pagar más impuestos, donde van a vivir con más tranquilidad, donde tienen mayor posibilidad de progresar en sus opciones laborales, estudio y proyectos de vida.
Nos integramos plenamente a la sociedad en la que estamos viviendo, desde esa perspectiva es importante que cambien como se ve la migración y que se reconozca los grandes aporte que hacemos.
