En la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, el exviceministro de Obras Públicas, Carlos Roberto Morán Mancía y su esposa Claudia María Alwood de Morán, enfrentan la audiencia probatoria por un supuesto enriquecimiento ilícito de $82,985 que la Fiscalía General de la República les atribuye.
Fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción pretenden que ambos sean condenados a devolver al Estado esa cantidad con la que se habrían enriquecido ilícitamente y que al mismo tiempo se les inhabilite para ejercer cargo público por un plazo de 10 años.
En la demanda que el ministerio público presentó el 19 de julio del año 2019, la representación fiscal señaló al exfuncionario de un incremento patrimonial no justificado de $60,000.12 y su cónyuge le atribuyen $22,985.33 por la compra de tres vehículos.
«La Fiscalía cuenta con suficientes elementos probatorios que demuestran que cometieron irregularidades. El resultado del peritaje financiero muestra que los imputados incrementaron su patrimonio de forma injustificada por un monto de US$82,985.45», según el ministerio público.
Morán Mancía, fungió como exviceministro de Obras Públicas, entre el periodo 4 de julio de 2008 al 1 de junio 2009. Al momento de presentar la demanda la Fiscalía detalló que le detectaron 12 irregularidades consistentes en depósitos bancarios por un monto de $60,000.12.
El ministerio público amparado en el artículo 26 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, no solo investigó al exfuncionario, también incluyó a su grupo familiar ya que contrastaron las declaraciones juradas que presentó en la Sección de Probidad al inicio y al finalizó su período como viceministro.
En las indagaciones detectaron que Claudia María Alwood de Morán, tuvo ese incremento patrimonial no justificado de $22,985.33 al comprar tres vehículos, pero se desconoce de donde obtuvo el dinero.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República presentó como pruebas un análisis financiero donde se señala el supuesto incremento patrimonial de los dos demandados, también se tomó como base la resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia, luego de recibir un informe de la Sección de Probidad.