La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) entregó esta tarde una abundante cantidad de documentación probatoria para reforzar la acusación contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, en el caso de la presa El Chaparral. Funes, actualmente, tiene siete órdenes de captura por delitos de corrupción y se encuentra asilado en Nicaragua.
Daniel Álvarez, presidente de la CEL, señaló que la institución tiene un compromiso para erradicar las prácticas de corrupción en el país y, sobre todo, para esclarecer los hechos en este caso y apoyar para que los tribunales responsables determinan las penas correspondientes a quienes sean encontrados culpables.
«Con esto estamos probando que la CEL está comprometida a recuperar el dinero de los salvadoreños. Como institución estamos presentando todos los documentos. Estamos recabando toda la información que se solicita», dijo Álvarez.
El presidente de la CEL explicó que, por ahora, se ha hecho entrega de 17 cajas con documentación probatoria contra Funes. «Se entregan 17 cajas de aproximadamente 80, que estamos aportando en toda la fase de instrucción. En ellas hay prueba documental, relacionada, por ejemplo, del sitio original donde se iba a construir la presa», señaló Orlando Quijano, gerente legal de CEL.
«Cada caja tiene más de 2,600 folios, multiplíquelo por 80. Esa es la cantidad de prueba con la que se está documentado la hipótesis de la querella», agregó.
Desde el pasado 4 de enero de 2019, el expresidente Funes enfrenta la causa penal en el caso El Chaparra, donde también están implicados Miguel Menéndez, alías Mecafé, y José Leopoldo Samour Gómez, a quienes se les imputa el delito de peculado. Además, la causa penal incluye a Mario Federico Pieragostini Marocchi, representante de la empresa Astaldi, por el delito de cohecho activo y a José Efráin Quinteros, por lavado de dinero. Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, pareja del expresidente, solo es señalada por Fiscalía de lavado de dinero.
Según la acusación fiscal, este proceso tiene que ver con el pago de $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, mediante un arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral. El caso se encuentra en el Juzgado Noveno de Instrucción.
