Un enviado de la ONU para los derechos humanos manifestó el domingo su preocupación por el cierre, ordenado por Bangladés, de escuelas para refugiados rohinyás, y advirtió que esta medida puede condenar a toda una generación a quedarse «prácticamente sin educación».
Las autoridades de Bangladés ordenaron esta semana el cierre de escuelas «no autorizadas» en los campamentos donde se hacinan unos 850,000 musulmanes rohinyás apátridas que huyeron de las persecuciones en Birmania.
En visita a Bangladés, el enviado de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, afirmó que estos centros privados tienen un papel fundamental en la educación de los niños rohinyás.
«Estoy profundamente preocupado tras conocer que una nueva política, promulgada durante mi visita aquí, cerrará todas las escuelas privadas en los campamentos» de refugiados, declaró a los periodistas en la capital, Daca.
«No podemos permitirnos que toda una generación de rohinyás se quede prácticamente sin educación», añadió.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladés afirmó que esta decisión, que no afecta a los 3,000 establecimientos escolares impulsados por Unicef, fue tomada para eliminar las escuelas que «promueven el radicalismo y están implicadas en actividades ilegales».
Según la organización Human Rights Watch, unos 30,000 niños dejaran de tener acceso a la educación si se aplica esta decisión.
Los refugiados rohinyás viven hacinados en campos en la frontera entre Bangladés y Birmania. La mayoría de ellos huyeron en 2017 de una sangrienta represión del ejército birmano que, según la ONU, podría considerarse un genocidio.