El equipo Adhoc que estudia las propuestas de reforma a la Constitución de la República recibió un pliego de solicitudes de enmienda a los artículos que tienen que ver con la política fiscal y tributaria del país.
El equipo liderado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, externó que las modificaciones presentadas tienen que ver con políticas fiscales y tributarias que fueron distorsionadas por los gobiernos de ARENA en los años 1989 a 1994.
Durante la reunión de este fin de semana, las mesas de trabajo revisaron el artículo 105 de la Carta Magna que establece que la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas cuarenta y cinco hectáreas.
«Por la significación económica de toda la industria agrícola, el cual apenas es un 5% del PIB, se debe volver la vista al campo para asegurar que sea amigable con el medio ambiente, a través de la recuperación de los suelos y de especies animales, además de la seguridad alimentaria», dijo Ulloa.
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El vicepresidente de la República consideró que la revisión de este apartado es necesaria si de ejecutar políticas para la recuperación de las actividades agropecuarias y agroindustriales se trata.
El equipo además examinó el artículo 144 que tiene que ver con los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados u organismos internacionales, que constituyen leyes de la República al entrar en vigor.
Los integrantes de las mesas de trabajo revisaron apartados constitucionales referentes a los tributos, en este sentido consideraron que el país se encontraba en mejor situación antes de las administraciones de 1989 con una mayor equidad en el pago de impuestos.
Según lo explicaron expertos como Fabio Castillo los gobierno de 1989 a la fecha distorsionaron la Constitución y generando que la distribución de la carga tributaria no fuera equitativa. En este tema aún no hay acuerdo del equipo.
Las demás mesas detallaron los avances en las discusiones respecto a temas como el sistema político, forma de gobierno, representación, participación ciudadana, orden económico, organización institucional del Estado y los procesos y procedimientos constitucionales.
