Detrás del tema de las desapariciones forzadas hay mucho en juego, tan como lo explica el criminólogo Ricardo Sosa, quien aseguró en una columna escrita para Diario El Salvador, que es necesario y urgente, que se apruebe una ley especial sobre dicho tema.
Entre tantos aspectos que se deben tomar en cuenta, Sosa hace referencia en primera instancia a que, de acuerdo con el artículo 50 del Código del Trabajo, cuando una persona adulta que estaba trabajando desaparece, «la primera consecuencia legal que tiene es ser separada de la empresa».
«Esto trae otras consecuencias, como la salida de la planilla del ISSS y de la AFP; pierde los servicios de salud que le corresponden como beneficiario, pierde su carga laboral en dicha empresa, comienza a caer en deudas de pago de vivienda con el FSV o el sistema bancario hasta que son amenazados o expulsados de la vivienda; otros deben el alquiler y transcurridos algunos meses son expulsados de la vivienda», explica el criminólogo, como uno de los principales conflictos que deben afrontar los familiares.
Otro que suele suceder, pero del que no se habla mucho, es el cobro que llevan a cabo los prestamistas de un familiar desaparecido. Eso y todas las deudas que podría haber tenido «su esposo, esposa, compañero o compañera de vida, padres, hijos con casas comerciales, almacenes, tarjetas de crédito, empresas de telefonía y cable».
Eso es solamente parte del drama, sin mencionar que los familiares del desaparecido suelen hacerse muchas preguntas de su ser querido, dónde estará, ¿estará vivo o muerto? ¿se estará alimentando?
Por ello, Sosa reiteró que es necesario «que se apruebe la ley especial sobre desaparición forzada cometida por particulares, pandillas o el crimen organizado, presentada en julio de 2019 por el diputado Juan José Martel», y la cual asegura, se encuentra guardando polvo entre miles de expedientes en la Asamblea Legislativa.
Es «un desafío para la nueva legislatura y una gran oportunidad con la llegada del licenciado Gustavo Villatoro como Ministro de Justicia y Seguridad, que está decidido a dar un giro en el abordaje integral, lo cual representa esperanza para las víctimas y sus familiares», explicó el experto.