«National Geographic» publicó un artículo sobre el agua en El Salvador, en noviembre de 2018, en el que señalaba que más de 600,000 personas no contaban con el acceso al agua potable, mientras que cientos de miles tenían acceso limitado o intermitente.
Con el título «La crisis del agua en El Salvador», la revista develó uno de los grandes problemas para resolver la situación del recurso hídrico: «Las décadas de incapacidad para regular adecuadamente el uso del agua en el país» por parte de los gobiernos de turno.
La revista señala que por más de 10 años los diputados de la Asamblea Legislativa mantuvieron inmovilizados los diferentes proyectos de la ley general del agua, en medio de debates estériles por parte de ARENA y del FMLN.
El empecinamiento poco acertado de estos partidos políticos por imponer sus intereses y los intereses de sus financistas a costa del bien público desencadenó un acceso cada vez más deplorable del recurso hídrico para las grandes mayorías y un desprecio por el saneamiento. A tal grado que, en 2016, las Naciones Unidas urgieron a El Salvador a consagrar el agua como un derecho humano en la Constitución y a llenar el vacío regulatorio aprobando una ley de agua.
Tanto ARENA como el FMLN lucharon por privatizar el servicio de agua, ocultándolo con nombres diferentes. La frase «no a la privatización del agua» solo estuvo en sus discursos, en sus eslóganes de campañas electorales, pero no en sus verdaderas intenciones, las cuales permanecen hasta el día de hoy.
Estos partidos no solo les negaron un derecho fundamental a los salvadoreños, sino que, además, se lucraron de ello.
ARENA lanzó dos proyectos millonarios: la construcción de un reservorio de agua en el municipio de Nejapa y el denominado Río Lempa II, el cual consistiría en la construcción de una estación para recoger agua del río, sanearla y bombearla hacia el departamento de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, el Gobierno arenero de Francisco Flores pagó la totalidad de dichos proyectos por medio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), pero nunca fueron terminados. Además de otros casos de fraude en contra del Estado.
Ahora el panorama es totalmente esperanzador desde que los salvadoreños decidieron darle la oportunidad al presidente Nayib Bukele en 2019. Nuestro país escribe otra historia, esa historia que le negaron los partidos políticos tradicionales antes, durante y después del conflicto armado.
Pasaron 30 años sin que ARENA y el FMLN se preocuparan por el bienestar de los salvadoreños en todos sus aspectos, mucho menos por reivindicar el acceso al agua potable.
En junio de este año, por medio de sus ministros, el presidente Bukele presentó un verdadero proyecto de ley de agua, con el que, sin lugar a duda, honrará el derecho al agua, tan largamente esperado por la población.
Estoy seguro de que los diputados, principalmente los de Nuevas Ideas, aprobarán el anteproyecto en beneficio de los salvadoreños, como derecho universal de todo ser humano, porque ¡el agua es vida!
También estoy seguro de que los nuevos diputados garantizarán que jamás exista ninguna posibilidad de privatización.
Ahora el derecho al agua no se tomará como un simple derecho —como pretenden los mismos de siempre—, sino como un derecho fundamental que se deriva del artículo 117 de la Constitución.
Elogio la iniciativa gubernamental porque sé que pronto ese proyecto de ley será una realidad; la aplaudo porque se está escribiendo una historia, la historia hídrica de verdad.