España llamó este miércoles a consultas a su embajadora en Managua por las «graves e infundadas acusaciones» vertidas por el gobierno de Daniel Ortega, cuestionado internacionalmente por detener a opositores y rivales a menos de tres meses de elecciones.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, «ha llamado a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida ayer por el gobierno nicaragüense en el que se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones», afirma un comunicado de cancillería.
El ministerio denuncia además «el recrudecimiento de la represión por parte del gobierno» de Daniel Ortega «contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes».
En la víspera, la cancillería nicaragüense denunció injerencias de España en sus asuntos recordando que «hace siglos que dejó de ser Colonia», y replicándole a Madrid que un gobierno socialista, como el actual de Pedro Sánchez, practicó el «terrorismo de Estado» contra la organización armada vasca ETA.
Este miércoles, el gobierno de Managua replicó la decisión de España de llamar a consultas a su embajadora.
En otra misiva ratificó que «todo lo afirmado» en su comunicación del martes son «solo verdades (…), y eso es precisamente lo que irrita a ese honorable reino».
En este nuevo documento leído en su discurso diario por la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, llamó a España, que «luce tan arrogante, jactanciosa y falsa», a «cumplir con derechos humanos sin represión y garantice los procesos sociales, políticos y ciudadanos».
El gobierno de Ortega ha detenido en las últimas semanas a 32 opositores, entre ellos siete de sus posibles rivales para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en las que el presidente buscará un cuarto mandato consecutivo.
El exguerrillero de 75 años está en el poder desde 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus opositores desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018.
