Desconocer puede tener dos significados: la ausencia de conocimiento de algo o la elección de no respetar el derecho de alguien. Esto último es lo que, para la abogada Tahnya Pastor, caracterizó a la Asamblea Legislativa del período 2018-2021, un grupo de legisladores que, para la profesional en derecho, decidió ignorar los mandatos constitucionales y fundamentó su labor legislativa en defender los privilegios de los grupos de poder en El Salvador.
Pastor hace una crítica voraz y punzante a la Asamblea saliente, a la que acusa de no trabajar en la creación de leyes o reformas que dotaran de dientes al Estado para perseguir los delitos relacionados a la corrupción. La abogada señala que esta legislatura saliente se esforzó más en debilitar las pocas leyes que condenan la corrupción o en evitar que dichas leyes afectarán a ciertos sectores de la sociedad.
Finalmente, Pastor deja en claro que todo el trayecto de esta legislatura y de las anteriores a lo largo de 30 años en El Salvador ha establecido una especie de manual de prácticas que no debe cometer la nueva Asamblea Legislativa. Además, exige a la Fiscalía General de la República (FGR) mantener las investigaciones en los procesos penales contra la legislatura saliente.
Desde su perspectiva como abogada, ¿cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa saliente?
Evaluar a la Asamblea que sale es evaluar a las Asambleas Legislativas de los últimos 30 años porque vienen a ser simbólicamente representativos de todas las asambleas anteriores, pero antes la población no estaba tan conectada con el quehacer legislativo y, en ese sentido, no estaba como muy contralor con el desempeño de los diputados. Ahora se ha hecho evidente que el trabajo ha sido deficiente y que hay una enorme deuda con la población en el hecho de que no se han tutelado los derechos de las personas más vulnerables.
Hay varios ejemplos de esto, como el caso de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) donde se impuso el incremento en tarifas que afectaron directamente a la población, todo para cuidar los intereses de las compañías y de los empresarios. También en la ley de reconciliación no ha habido un interés genuino de darle a las personas que sufrieron en la época de la guerra todos los parámetros que la sentencia de la Sala estableció en cuanto a la garantía de no repetición o de conocer la verdad, porque se pretende proteger y darles una amnistía a las personas que cometieron crímenes de guerra.
Podemos decir lo mismo del Voto en el Exterior. Ese es otro de los ejemplos claros donde no se le ha dado justicia a los hermanos en el exterior a quienes no se les ha garantizado la igualdad y se les vulnera su derecho al voto. Además, la Asamblea fue totalmente en contra de la sentencia de la Sala. La Asamblea ha estado en omisión de legislar en favor de los salvadoreños en el exterior.
En el caso del combate a la corrupción, tampoco ha habido una iniciativa de legislar para reforzar la persecución de estos delitos. Es más, esta legislación saliente intentó establecer una reforma para que la extinción de dominio no iba a ser irretroactivo, es decir, patrimonios y activos obtenido de forma ilícita obtenidos anterior a la ley no iban a ser recuperados por el estado, con esto estaban claramente generando más impunidad.
Y en cuanto al respecto y apego a la Constitución Política, ¿cómo evalúa a la legislación saliente?
Una cosa es desconocer en el sentido de carecer de conocimiento y otra cosa es desconocer a alguien en el sentido de que yo no respeto a ese alguien. Ellos (la Asamblea) han desconocido absoultamente el mandato constitucional y han representado intereses de sectores. Es una falta de cumplimiento a la Constitución. Muchos exdiputados hablan de transparencia y rendición de cuentas, pero vemos que sus actos, manifestados en la formación de ley, no han dado como resultado leyes que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas.
El mismo FMLN, que fue el que impulsó la creación de Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tuvo un conflicto con la Sala de lo Constitucional en el tema de los viajes de Mauricio Funes y los de Sánchez Cerén. Se da bastante el hecho de que critican cosas en el gobierno, pero ellos lo hacen. Cuando hablan de rendición de cuentas uno se queda pensando: “pero, ¿por qué piden rendición de cuentas únicamente al Ejecutivo, pero no a todas las alcaldías?, porque a las alcaldías nunca les exigieron rendición de cuentas.
En la última sesión plenaria, Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que habían cumplido con su trabajo…
Todos vimos las fotos de ayer, todos ellos despidiéndose como si fuera una graduación. Están tristes porque no se van a volver a ver, pero no están tristes porque defraudaron a la población. Ellos no están conscientes que, tras haber sido despedidos por el pueblo, deberían estar tocando fondo y haciendo un momento de análisis y evaluación sobre lo que se hizo mal y sobre por qué la gente nadie los quiere. No se trata de que el gobierno tuvo la culpa por una campaña contra ellos, sino que la campaña se la hicieron solos.
Están tristes porque se van y no porque le fallaron al pueblo. ¿Cómo se pueden ir satisfechos cuando hay investigaciones fuertes en relación a las plazas fantasmas, cuando se protegieron entre ellos en antejuicios o tienen deuda en el combate a la corrupción porque podían haber hecho mucho pero no hicieron nada?
¿Diría usted que el combate a la corrupción es la principal deuda de esta Asamblea saliente?
Es importantísimo reconocer que en el tema de combate a la corrupción no fue trabajado. Lo que hicieron fue crear reformas y leyes para dar la impresión que se estaba trabajando contra la corrupción, pero la Ley de Ética Gubernamental es una vergüenza internacional e, incluso, intentaron quitarle dientes a la ley de extinción de dominio. Ellos querían dar la impresión de que combatían la corrupción, pero legislaban para mantener la impunidad.
Es muy fácil hacer el trabajo de un funcionario cuando se tiene la voluntad de hacer las cosas y cuando se tiene el compromiso de hacerlo. Pero estas personas llegaron para lucrarse de sus cargos públicos. Hay personas que están estudiando hasta maestrías gracias a estos fondos. Hay hijos de estos funcionarios que han ido a estudiar maestrías o diplomados en el extranjero y luego los contratan porque son idóneos y son idóneos a costa de nuestros impuestos. Con nuestros impuestos se han lucrado y es increíblemente injusto y frustrante verlos como se entristecen porque se van y no porque le han fallado al pueblo.
Esta Asamblea saliente también trajo a colación el tema del fuero constitucional debido a los antejuicios que no prosperaron o a los actos de corrupción que les señalaron. ¿Qué opinión tiene al respecto?
El fuero en EL Salvador es una herramienta de impunidad. No es normal que un diputado mate a dos personas en un accidente de tránsito por conducir en estado de ebriedad y que no sufra las consecuencias como cualquier persona. No es normal que se hagan negociaciones con pandilleros y que todos sus compañeros en la Asamblea digan: “Todos somos fulano”. Ese fue un mensaje claro: hoy por ti, mañana por mí, pero y la gente, y la justicia y su mandato constitucional. Eso no importa. Lo que les importó fue enriquecerse ellos.
En este momento que salen, varios van a comenzar a decir que son perseguidos políticos o que hay persecución política en El Salvador. Eso de la persecución política o de la judicialización de la política ya lo andan pregonando varios ahorita que ya van de salida. En ese barquito se subió el expresidente Mauricio Funes. Muchos ya están levantando esa bandera en casos en que tienen que rendir cuentas por actos de corrupción. En El Salvador nadie tiene la idea de la cantidad de corruptos que tenemos.
Con todo este contexto, ¿qué mensaje le daría a la nueva Asamblea Legislativa?
A ellos les toca no seguir el modelo de los que salen. Tienen una obligación de estudiar las mejores prácticas de la región, cuáles son los mecanismos de funcionamiento de legislaturas en otros países para ver qué se aplica en El Salvador. Olvidarse del esquema anterior e impulsar uno que sea transparente, equitativo y que los obligue a trabajar en función de la Constitución y de las mayorías. El poder corrompe y corrompe bastante. Es fácil llegar al poder y corromperse. Ya le paso a un grupo de izquierda que, cuando llegaron al poder, terminaron de corromperse. Venían de las montañas y terminaron en mansiones. La advertencia está clara: la población ya no le va a tener tolerancia a la corrupción venga de donde venga. De igual manera, tienen la obligación de realizar elecciones de funcionarios de segundo grado respetando lo que manda la Constitución, algo que nunca ha sucedido en El Salvador.