Dos expresidentes de la república, uno del partido FMLN (Mauricio Funes, aún procesado judicialmente, prófugo y asilado en Nicaragua desde 2016) y otro del partido ARENA (Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión y con posibilidades de salir con libertad anticipada en octubre de este año), que juntos han sido vinculados a casos de corrupción por más de $650 millones procedentes del desvío de fondos públicos, no figuran en el listado de exfuncionarios y políticos corruptos que emitió recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En el caso de Funes (quien gobernó en el período 2009-2014), las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que fueron malversados $351 millones, mientras que Saca (2004-2009) sustrajo $301 millones junto con otros funcionarios de su gestión.
Saca aceptó la culpabilidad y confesó que sustrajo dinero de cuentas de Casa Presidencial para su provecho y otras personas, mientras que Funes prefirió huir y refugiarse en Nicaragua, donde se nacionalizó.
Tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (emitida en agosto de 2010), se suspendieron las peticiones de refuerzos presupuestarios que la presidencia de Funes solicitaba a la Asamblea Legislativa de ese entonces, con los cuales habría logrado obtener $54 millones. A pesar del fallo de la Sala, el ahora prófugo creó, supuestamente, su propio mecanismo bajo la figura de gastos imprevistos, según la acusación fiscal.
En el listado emitido por el Departamento de Estado tampoco se mencionan otras figuras del partido ARENA que son criticadas por supuestas negociaciones con pandillas, como el caso del exdiputado Norman Quijano, señalado en juzgados de San Salvador por reunirse con cabecillas de la MS-13 (catalogada en 2012 por Estados Unidos como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo) y la pandilla 18 sureños y revolucionarios, para negociar votos a su favor en las elecciones presidenciales (segunda vuelta) de 2014, cuando era candidato. A cambio, los delincuentes obtendrían beneficios carcelarios y económicos.
Tampoco es mencionado el arenero Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y perdedor en las recientes elecciones, vinculado también a delitos del crimen organizado. Lo mismo ocurre con los exministros de Gobernación y Justicia Arístides Valencia y Benito Lara, respectivamente, en gobiernos del FMLN.
Todos son procesados por supuestos acercamientos con pandilleros para obtener favores electorales y colaboración en la reducción de los homicidios.
Videos enseñados en diciembre de 2019 por el Juzgado de Sentencia A de San Salvador durante el juicio en el caso denominado Operación Cuscatlán mostraron a Quijano y a Muyshondt en dichas reuniones. Sin embargo, aunque fueron relacionados con el crimen organizado, sus nombres no aparecen en el informe estadounidense de políticos cuestionados.
El listado de políticos señalados y procesados en tribunales continúa, como el caso del exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés, quien fue vinculado con el caso denominado Tregua entre Pandillas en un juzgado especializado y que también enfrenta otro proceso judicial junto con Gustavo López Davidson, expresidente del partido ARENA, por peculado, falsedad documental agravada y actos arbitrarios.
No hay referencia tampoco en listados de índole internacional sobre el expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN Sigfrido Reyes, señalado por la Fiscalía de peculado (apropiarse de bienes del Estado) al aprovecharse de su cargo para sustraer dinero por medio de viáticos.
Reyes, quien tiene orden vigente de captura desde enero de 2020, huyó de El Salvador y buscó refugio en México como asilado. Aunque sus abogados procuraron que la orden de captura fuera retirada, el Juzgado Sexto de Instrucción rechazó la petición.
Las excentricidades de uno de los diputados más cuestionados del país tampoco fueron suficientes para que fuera incluido en listados de funcionarios cuestionados por Estados Unidos; no obstante, la crítica de los salvadoreños surgió cuando se supo que Carlos Reyes, del partido ARENA, había triplicado su riqueza y que a su nombre tiene registradas 113 propiedades.
En la historia reciente del país, una ex primera dama también enfrenta la justicia por delitos relacionados con el lavado de dinero. Se trata de Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente Saca, cuya sentencia se conocerá el próximo 4 de junio.
